Por Jorge Gómez Carranco
Los comentarios realizados por las diputadas locales de Morena Nay Salvatori y Grace Palomares, respecto de las personas de tercera edad, generaron indignación y rechazo entre distintos sectores de la sociedad, más allá de las explicaciones posteriores o de los argumentos relacionados con el contexto en que fueron emitidas sus expresiones, abrió un debate sobre la responsabilidad que deben asumir quienes ocupan un cargo de elección popular y sobre el respeto que merecen las personas de la tercera edad.
Para Acción Nacional, la dignidad de la persona humana debe ser el centro de toda acción pública, ningún ciudadano debe ser objeto de burla, desprecio o estigmatización por su edad, condición física, apariencia o por las características propias del envejecimiento; las personas de la tercera edad no son una carga ni un motivo de entretenimiento; son mujeres y hombres que han trabajado, formado familias, construido comunidades y contribuido al desarrollo de México. Por ello, resulta preocupante que expresiones que fueron percibidas como despectivas hacia este sector provengan de legisladoras que fueron electas mediante el voto popular.
Una diputada/diputado no representa únicamente a su partido político, ni a un grupo determinado de simpatizantes, al asumir una curul, adquiere la responsabilidad de representar a toda la ciudadanía y de conducirse con respeto hacia cada sector de la población, especialmente hacia aquellos que requieren mayor protección, inclusión y reconocimiento.
El voto ciudadano, la confianza otorgada en las urnas, implica una obligación de servicio, responsabilidad y congruencia para quienes ocupan un cargo público deben comprender que sus expresiones tienen un impacto social mayor, debido a la visibilidad que poseen y a la influencia que ejercen sobre la opinión pública. Nuestro partido Acción Nacional, considera que la política debe estar al servicio de las personas y no utilizarse como un espacio para la burla, la descalificación o la búsqueda de popularidad. La función legislativa exige sensibilidad, preparación y respeto, las diputadas y los diputados tienen la responsabilidad de crear leyes, defender derechos y construir soluciones para los problemas de la sociedad, cuando una representante popular utiliza expresiones que pueden reforzar prejuicios relacionados con la edad, se corre el riesgo de normalizar actitudes discriminatorias y de enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.
Este caso también permite reflexionar sobre el edadismo, entendido como la existencia de prejuicios, estereotipos o actitudes negativas hacia las personas debido a su edad, las burlas o generalizaciones relacionadas con el envejecimiento pueden afectar la dignidad de las personas adultas mayores y contribuir a que sean vistas como un sector menos valioso, incapaz o ajeno a la vida pública, la sociedad debe rechazar estas prácticas y promover una cultura de respeto, inclusión y reconocimiento.
Cuando la ciudadanía expresa inconformidad, las autoridades deben escuchar, reconocer los errores y actuar con humildad. Una disculpa pública puede ser un primer paso, pero debe ir acompañada de una reflexión genuina y de un compromiso para evitar que conductas similares vuelvan a ocurrir, es importante diferenciar entre una conducta socialmente reprochable y una responsabilidad jurídica. Las legisladoras tienen el deber de responder ante la sociedad y de demostrar que comprenden la importancia de representar con respeto a todas las personas, sin importar su edad, condición económica, origen, género o ideología.
Es necesario promover reformas y disposiciones que incorporen la prevención del edadismo, la capacitación en derechos humanos y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación popular.
Un Código de Conducta Parlamentaria puede establecer obligaciones claras para que las diputadas y los diputados se abstengan de emitir expresiones que ridiculicen o denigren a las personas adultas mayores. Asimismo, puede contemplar medidas proporcionales, como exhortos, amonestaciones públicas, disculpas, capacitación obligatoria y acciones de reparación o sensibilización. En casos graves o reiterados, los hechos podrían ser remitidos a las instancias competentes para determinar si existe alguna responsabilidad administrativa, parlamentaria o política.
La finalidad de estas medidas no debe ser censurar ni limitar injustificadamente la libertad de expresión, el objetivo debe ser recordar que el ejercicio de un cargo público exige un comportamiento ejemplar y una mayor responsabilidad, la libertad de expresión no elimina el deber de respetar la dignidad humana ni impide que la ciudadanía cuestione a sus representantes. Las personas adultas mayores merecen políticas públicas que garanticen una vida digna, acceso a servicios de salud, seguridad social, movilidad, espacios de participación y protección frente a la discriminación, también merecen representantes que escuchen sus necesidades y hablen de ellas con respeto. No basta con reconocerlas durante fechas conmemorativas; es necesario defender sus derechos todos los días.
México necesita una política más humana, responsable y cercana a la ciudadanía. La dignidad de la persona debe estar por encima de los intereses partidistas, las ocurrencias y las estrategias de comunicación. La política debe servir para unir, resolver problemas y construir acuerdos, no para dividir, ridiculizar o menospreciar.
El caso de las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares debe convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de representación pública que la ciudadanía merece. Las legisladoras deben escuchar el rechazo social, asumir la responsabilidad que corresponde y demostrar, mediante acciones, que respetan a las personas adultas mayores. La ciudadanía tiene derecho a exigir respeto y congruencia a quienes eligió, el voto no es un cheque en blanco ni una autorización para ignorar las preocupaciones de la población, quienes reciben la confianza ciudadana deben ejercer el poder con humildad, responsabilidad y compromiso. Porque servir a la ciudadanía significa respetarla y quien representa al pueblo debe recordar que el poder público no se utiliza para menospreciar a las personas, sino para proteger sus derechos y trabajar por su bienestar.