* Es el cáncer que está destruyendo cada día a nuestra democracia
Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- En México, al igual que otros países de América Latina, servidores públicos y ciudadanía han establecido instituciones, mecanismos y garantías para lograr procesos electorales con integridad que garanticen el voto libre, universal, directo, personal e intransferible, en condiciones de equidad y transparencia, sin la intromisión de agentes externos que influyan en la verdadera intención de la gente al emitir su sufragio
Una de estas figuras es el fraude electoral, que surge como remedio a prácticas ilícitas que pueden ser delitos o no, de quienes, mediante acciones, omisiones o coacciones, pretende afectar de manera esencial de toda decisión democrática, a saber, la voluntad autentica del pueblo y la equidad en la contienda electoral.
Por esa razón, el fraude electoral no es un tema menor porque a través de este tipo de prácticas se empeña la legitimidad democrática con la que debe de contar toda persona en la que se deposita la confianza para ejercer la representación política de la ciudadanía.
Este tipo de conductas, además, afectan un principio democrático que se establece en nuestra constitución: la equidad en la contienda.
Lo anterior, porque los sujetos activos inciden en la voluntad del electorado mediante distintas acciones que puede ir desde presiones amenazas, manipulaciones y hasta la violencia, porque la decisión de la ciudadanía no refleja su verdadera intención del voto, al estar coaccionada por actos de un tercero. Su finalidad tiene dos vertientes: impedir o generar la alternancia en el poder.
En nuestra legislación como es un hecho sabido la ley de delitos en materia electoral, contiene un extenso catálogo de todas las conductas que son modalidad de fraude electoral y que se consideran delitos.
En la ley general de instituciones y procedimientos electorales existen infracciones electorales que en caso de presentarse no son sancionadas por la vía penal al no estar reguladas expresamente como delitos; sin embargo, ello no significa que queden impunes, pues ameritan una sanción de carácter administrativo, como sería la realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los partidos la contratación directa o por personas de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión y el turismo electoral.
El proceso electoral es, únicamente, una parte del ciclo electoral, pero este abarca otros ámbitos tiempo-espacio.
El ciclo electoral consta de tres periodos o fases, en las cuales pueden presentarse acciones como modalidad del fraude electoral o bien, generarse situaciones fácticas o jurídicas que sean base para la realización de un fraude.
Estoy convencido que una vía efectiva para el fortalecimiento de los mecanismos electorales que evite las prácticas de fraude electoral es la implementación del uso de las tecnologías, la información y comunicación. Estos permiten garantizar la imparcialidad, prontitud e independencia de las instituciones, tribunales y demás entidades responsables de organizar, supervisar y verificar elecciones a nivel nacional y local.
Todas las instituciones que tienen a cargo funciones electorales deben contribuir a la construcción de una ciudadanía que abrace la cultura de la legalidad. Coadyuvar a tejer una ciudadanía orgullosa de su régimen democrático, que sea consciente del voto no puede ser un intercambio de dadivas de alguna especie, sino un mandato que se otorga a unos representantes para que gobiernen a su favor y mejoren sustancialmente sus condiciones de vida.