Por: Jorge Gómez Carranco
La suspensión de líneas telefónicas que no fueron registradas representa algo más que un trámite administrativo: puede convertirse en un problema político para el partido que actualmente gobierna México, la medida comenzó a sentirse de manera directa este mes, cuando las líneas con terminación en 0 que no fueron vinculadas con la CURP comenzaron a ser suspendidas después del plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El Gobierno Federal sostiene que el objetivo es combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual, es un argumento que, en principio, puede ser aceptado por cualquier ciudadano que haya sufrido o conozca a alguien que haya recibido una llamada de este tipo, el problema político aparece cuando la población empieza a sentir que, para combatir a los delincuentes, es el ciudadano común quien termina pagando las consecuencias.
Para muchas personas, el teléfono celular no es un lujo, es una herramienta de trabajo, comunicación y seguridad, con el celular se reciben llamadas de familiares, mensajes del banco, códigos para realizar operaciones, avisos laborales y hasta llamadas de emergencia, por eso, cuando una persona descubre que su línea ha sido suspendida por no haber cumplido con un registro obligatorio, la molestia puede dirigirse directamente contra el Gobierno, aunque técnicamente sean las empresas telefónicas quienes ejecuten la suspensión. Este punto es fundamental desde el punto de vista político, el ciudadano no suele separar fácilmente al Gobierno Federal de la medida que está afectando su vida diaria, si alguien pierde su servicio telefónico, lo más probable es que no piense en qué dependencia administrativa estableció el procedimiento, sino que diga: “El Gobierno me quitó mi teléfono”.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha señalado que una línea suspendida puede recuperarse una vez que el usuario realiza la vinculación correspondiente, sin embargo, el problema político ya comienza desde el momento en que el ciudadano se queda sin llamadas, mensajes y datos móviles, el malestar puede crecer todavía más cuando se trate de personas que no conocían el procedimiento, que no saben utilizar plataformas digitales o que tuvieron dificultades para realizar el registro, también pueden existir casos de personas que utilizan una línea desde hace años, pero que no son quienes originalmente contrataron el servicio, para ellas, la situación puede resultar confusa e injusta. Aquí es donde el partido en el Gobierno enfrenta un riesgo político importante: una medida que fue presentada como una estrategia para combatir a los delincuentes puede terminar generando enojo entre ciudadanos que no han cometido ningún delito.
La pregunta que puede comenzar a hacerse la sociedad es muy sencilla ¿por qué el ciudadano tiene que cumplir con más trámites y entregar sus datos si el problema son los delincuentes? El Gobierno tendrá que responder con resultados y no solamente con argumentos.
Si después de completar el registro continúan las llamadas de extorsión, los fraudes y los delitos cometidos mediante teléfonos celulares, la población puede considerar que la medida no solucionó el problema y si además miles de ciudadanos enfrentan suspensiones, entonces el costo político puede aumentar; este costo no necesariamente se verá de inmediato en una elección, puede comenzar mucho antes, en las conversaciones familiares, en las redes sociales, en los centros de trabajo y entre los pequeños comerciantes, una persona inconforme puede transmitir su molestia a otras diez personas y convertir un problema individual en una percepción colectiva.
Para el partido gobernante, esto representa un riesgo porque las decisiones del Gobierno Federal terminan asociándose con la imagen del partido, si el ciudadano percibe que una medida le facilita la vida y mejora su seguridad, puede reconocerlo políticamente, pero si percibe que una decisión le genera problemas, gastos, pérdida de tiempo o incomunicación, también puede responsabilizar políticamente al partido que gobierna, el problema puede ser todavía mayor rumbo a los próximos procesos electorales. La ciudadanía no solamente vota por grandes discursos nacionales; también toma en cuenta aquello que afecta directamente su vida cotidiana, un teléfono suspendido puede parecer un asunto pequeño desde una oficina gubernamental, pero para una persona que depende de él para trabajar o comunicarse con su familia puede representar un problema serio. Por eso, el Gobierno Federal deberá tener cuidado de no presentar la inconformidad ciudadana simplemente como una campaña de la oposición, si una parte importante de la población está molesta, ignorarla puede ser un error político, la respuesta debería ser escuchar, explicar, corregir los problemas y facilitar al máximo la recuperación de las líneas.
La oposición, por su parte, tiene una oportunidad para convertir este tema en un ejemplo de lo que considera una política que traslada una responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos, el argumento puede ser sencillo: nadie está en contra de combatir la delincuencia, pero combatir a los delincuentes no debería significar castigar o complicar la vida de los ciudadanos que cumplen con la ley.
El costo político de esta medida dependerá de lo que ocurra durante los próximos meses, si el Gobierno demuestra que el registro permite reducir realmente las extorsiones y otros delitos, podrá defenderlo como una herramienta de seguridad, pero si la delincuencia continúa, mientras los ciudadanos enfrentan suspensiones, problemas y trámites, la medida puede convertirse en un símbolo de inconformidad, el verdadero riesgo para el partido gobernante no está únicamente en el número de líneas suspendidas, sino en la percepción que se construya alrededor de ellas, cuando el ciudadano siente que el Gobierno le está quitando algo que necesita para trabajar, comunicarse y vivir con normalidad, el problema deja de ser administrativo y se convierte en político. La suspensión de las líneas telefónicas puede convertirse así en una nueva fuente de desgaste para el Gobierno Federal y para el partido que lo encabeza, el ciudadano puede aceptar que se tomen medidas fuertes contra la delincuencia, pero también espera que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad sin convertir al ciudadano común en el principal afectado y al final, la pregunta que puede definir el costo político será muy sencilla: ¿esta medida hará que los mexicanos se sientan más seguros o simplemente hará que se sientan más controlados? La respuesta no estará en los discursos del Gobierno, sino en los resultados que la ciudadanía pueda comprobar directamente en su vida diaria.