Por: Jorge Gómez Carranco
La captura de Ismael «El Mayo» Zambada representa uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente del combate al narcotráfico en México, durante más de cinco décadas, el líder del Cártel de Sinaloa logró consolidar una estructura criminal que sobrevivió a distintos gobiernos, operativos militares y cambios en la política de seguridad. Su permanencia al frente de una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo refleja no solo la capacidad de adaptación del crimen organizado, sino también las debilidades institucionales que han permitido su crecimiento.
Desde la óptica del Partido Acción Nacional (PAN), este hecho obliga a analizar los resultados de la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos de Morena y a cuestionar si las políticas actuales han sido suficientes para enfrentar uno de los principales problemas del país, para Acción Nacional, la caída de un líder criminal de la magnitud de «El Mayo» no puede interpretarse como una victoria definitiva contra el crimen organizado, los panistas consideran que centrar el éxito de una estrategia únicamente en la captura de objetivos prioritarios resulta insuficiente si no se acompaña de acciones permanentes para debilitar toda la estructura criminal.
El partido ha sido uno de los principales críticos de la política de seguridad impulsada por Morena, particularmente de la estrategia conocida como «abrazos, no balazos». Desde su perspectiva, esta política envió un mensaje de menor confrontación hacia los grupos delictivos y redujo la capacidad del Estado para imponer el orden en diversas regiones del país, durante los últimos años, la presencia territorial de organizaciones criminales se expandió mientras aumentaban delitos como homicidios, desapariciones, extorsiones y cobro de piso, afectando tanto a la población como a la actividad económica. El caso de «El Mayo» Zambada sirve, desde esta visión, como un ejemplo de las consecuencias que puede tener una estrategia que, según el PAN, priorizó programas sociales y el combate a las causas de la violencia sin fortalecer de manera suficiente las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública; atender las causas sociales es importante, pero no sustituye la obligación constitucional del Estado de investigar, perseguir y sancionar a quienes integran organizaciones criminales.
Otro aspecto que el PAN considera relevante es el fortalecimiento institucional. El partido sostiene que la seguridad pública requiere corporaciones policiales profesionales, ministerios públicos eficaces, sistemas de inteligencia modernos y una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno. Desde esta perspectiva, la disminución de recursos destinados a policías estatales y municipales, así como las dificultades de coordinación entre instituciones, han limitado la capacidad de respuesta frente al crecimiento del crimen organizado.
Asimismo, para la oposición, señala que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que fortalecen a los grupos criminales. En su opinión, mientras los delitos no sean investigados de manera efectiva y los responsables no enfrenten consecuencias legales, las organizaciones delictivas seguirán encontrando condiciones favorables para operar. Por ello, el partido considera que el combate a la delincuencia debe ir acompañado del fortalecimiento del sistema de justicia y de mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley.
La captura de «El Mayo» también abre el debate sobre la cooperación internacional en materia de seguridad. El PAN reconoce la importancia de mantener una relación sólida con otros países para enfrentar delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Sin embargo, sostiene que México debe contar con instituciones fuertes y una estrategia propia que permita enfrentar estos desafíos sin depender exclusivamente de acciones externas.
Desde la óptica de Acción Nacional, la inseguridad no solo representa un problema de orden público, sino también un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. La violencia afecta la inversión, limita la generación de empleos, provoca desplazamientos de comunidades enteras y deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En consecuencia, el PAN considera que la seguridad debe ser una prioridad permanente de cualquier gobierno, ya que constituye una condición indispensable para garantizar el bienestar y el ejercicio de los derechos de la población.
Desde mi humilde perspectiva este caso evidencia la necesidad de replantear la estrategia nacional de seguridad y de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Pero, como siempre les he mencionado, mis estimados cholultecas, es momento de reflexionar sobre el futuro que queremos construir para nuestros hijos y nuestros nietos. Es fundamental analizar con responsabilidad quién debe representar a todos los mexicanos desde la Presidencia de la República, así como evaluar a quienes aspiran a legislar en defensa de nuestros derechos y trabajar por un país con mayores oportunidades y una mejor calidad de vida. De igual manera, debemos valorar cuidadosamente a quienes buscan encabezar nuestros gobiernos municipales, ya que serán los responsables de administrar los recursos públicos provenientes de nuestros impuestos y de tomar decisiones que impactan directamente en el desarrollo, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.
El voto es una herramienta de gran responsabilidad y su ejercicio informado puede marcar el rumbo de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Por ello, es indispensable elegir con conciencia, privilegiando la capacidad, la honestidad y el compromiso con la ciudadanía por encima de cualquier interés personal o partidista.