La discusión pública sobre las infancias trans en México ha cobrado un volumen inédito. Lo que empezó como una reivindicación por derechos y reconocimiento se ha transformado, para muchas familias y comunidades, en un fenómeno que plantea preguntas difíciles sobre infancia, protección de menores y política pública.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 5 millones de personas en México se identifican como parte de la diversidad sexual y de género, lo que equivale a poco más del 5 % de la población de 15 años y más del país. Esta cifra incluye a personas que se identifican por su orientación sexual o identidad de género, y no distingue claramente cuántos de ellos pertenecen a las etapas de infancia o adolescencia.
A pesar de estos datos, no existe una estadística oficial actualizada y confiable para saber cuántos niños o niñas en edad escolar (menores de 15 años) se identifican como trans o no binarios en México. Los estudios disponibles, como el de The Trevor Project sobre jóvenes de 13 a 24 años, apuntan a tendencias y riesgos asociados a salud mental, pero no desagregan de forma robusta la proporción específica de menores de edad dentro de esa muestra.
Desde el punto de vista metodológico, importa subrayar que muchas encuestas, incluida ENDISEG (2021), solo recopilan datos a partir de los 15 años, dejando un vacío informativo crucial sobre la infancia temprana.
Una encuesta de The Trevor Project advertía que dos de cada tres jóvenes trans o no binarios entre 13 y 24 años han considerado seriamente el suicidio, y casi la mitad han intentado suicidarse en el último año.
Es importante enfatizar que estas cifras reflejan un fenómeno de riesgo psicosocial, no una causalidad intrínseca entre la identidad de género y la salud mental. La literatura especializada sostiene que la discriminación, el estigma, el rechazo familiar y la violencia escolar son factores que más bien agravan la salud emocional de las y los jóvenes, independientemente de su identidad de género.
Sin embargo, quienes cuestionamos las políticas públicas dirigidas desde temprana edad hacemos un llamado a diferenciar entre reconocimiento social y apoyo emocional por un lado, y promoción normativa de identidades en contextos institucionales por otro.
En 2026, legisladores de la Ciudad de México están empujando agendas para capacitar a personal educativo sobre temas de infancias trans y no binarias, argumentando que la inclusión educativa mata la discriminación.
Pero falta transparencia en las cifras:
¿Cuántos niños de primaria se identifican como trans o no binarios?
¿Qué estudios longitudinales existen para evaluar los efectos sociales o psíquicos de políticas de reconocimiento temprano?
¿Qué opinan los padres, maestros y las propias infancias sobre los cambios en aulas y protocolos?
Sin respuestas claras, el Estado arriesga formular políticas sobre una población poco definida estadísticamente, lo que abre espacio para interpretaciones ideológicas más que basadas en evidencia científica sólida.
ay quienes sostienen que reconocer identidades de género desde la infancia es un acto de justicia social. Y en muchos casos, apoyar a niños que sufren discriminación es un objetivo loable. Pero también es legítimo preguntarse si los instrumentos de intervención pública —como guías escolares, protocolos administrativos o campañas educativas— están respaldados por datos que muestran beneficios netos claros o si, por el contrario, se imponen narrativas sin un andamiaje estadístico sólido.
La política pública no debería dictarse desde el sentimiento, sino desde la evidencia. Hasta que tengamos cifras confiables sobre la prevalencia real de infancias trans en México, así como estudios rigurosos sobre impacto social y psicológico de las políticas vigentes y propuestas, el debate seguirá polarizado y estancado en extremos ideológicos en lugar de centrarse en salud, seguridad y bienestar integral de los menores.