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sábado, 14 de noviembre de 2026 Noticias al momento
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Disputa por el control de los penales en Puebla: denuncias de extorsión alcanzan a juez, autoridades penitenciarias y el Gobernador ya tomo postura

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Disputa por el control de los penales en Puebla: denuncias de extorsión alcanzan a juez, autoridades penitenciarias y el Gobernador ya tomo postura
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PRIMERA PARTE

Tras los bloqueos registrados en Puebla, surgen señalamientos contra el juez Salvador Hernández Martínez y funcionarios penitenciarios. Mientras familiares denuncian cobros ilegales y amenazas, también circula la hipótesis de que grupos delictivos buscan influir en las decisiones de las autoridades. Ninguna de estas acusaciones ha sido acreditada judicialmente.

Armenta advierte intereses detrás de bloqueos por penales; señalamientos contra juez Salvador Hernández circulan en páginas digitales

El gobernador de Puebla aseguró que las protestas del 10 de noviembre fueron coordinadas y que algunos participantes habrían recibido pagos. Mientras tanto, acusaciones difundidas en páginas digitales contra un juez penal abren interrogantes sobre el origen de la información y los intereses detrás de su circulación.

Las manifestaciones que paralizaron ocho vialidades de Puebla y su zona metropolitana por presuntas extorsiones en el penal de San Miguel han adquirido una nueva dimensión, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier cuestionara la organización de los bloqueos y afirmara que su administración tiene identificadas a las personas que estarían detrás de las movilizaciones.

El mandatario estatal señaló este miércoles que algunas personas que participaron en las protestas se encontraban encapuchadas y presuntamente armadas, además de cuestionar que los manifestantes rechazaran establecer mesas de diálogo con las autoridades.

Armenta también puso en duda la espontaneidad de las movilizaciones, al señalar que se realizaron de manera simultánea y que algunos participantes habrían sido contratados durante aproximadamente dos horas.

«Es muy raro que no hayan querido dialogar», declaró el gobernador, quien aseguró que su administración conoce a quienes estarían detrás de los bloqueos.

Estas declaraciones abren una nueva línea de investigación sobre los intereses que pudieron intervenir en las protestas. Sin embargo, hasta el momento el gobierno estatal no ha presentado públicamente pruebas suficientes para identificar a los presuntos organizadores o demostrar que todos los participantes recibieron dinero.

El gobernador habla de posibles pagos y grupos organizados

De acuerdo con información publicada por El Universal Puebla, Armenta señaló que existían versiones sobre pagos de aproximadamente 400 pesos a algunos participantes, presuntamente por permanecer durante dos horas en las manifestaciones.

El mandatario también mostró fotografías de una persona encapuchada que, según su interpretación, portaba un arma de fuego.

Estas afirmaciones representan señalamientos oficiales que deben investigarse, pero no constituyen por sí mismos pruebas de que las protestas fueran organizadas por grupos criminales.

La presencia de personas presuntamente armadas, los cierres simultáneos y la negativa de algunos grupos a dialogar son elementos relevantes para reconstruir la organización de las movilizaciones.

No obstante, también existen denuncias de familiares de internos sobre cobros ilegales, amenazas y presuntos abusos dentro de San Miguel. La posible intervención de grupos ajenos a las familias no invalida automáticamente esas denuncias.

Señalamientos contra Salvador Hernández: de las páginas digitales a la discusión pública

Otro aspecto del conflicto es la circulación de publicaciones en páginas y perfiles digitales que señalan al juez de oralidad penal Salvador Hernández Martínez por supuestos vínculos con irregularidades dentro de centros penitenciarios.

Es necesario precisar que el origen de estas acusaciones no debe atribuirse indistintamente a medios periodísticos profesionales. Parte de los señalamientos se ha difundido en páginas digitales cuya autoría, metodología de investigación y documentación de respaldo no han podido establecerse.

Algunos medios de comunicación retomaron posteriormente la existencia de estas acusaciones al informar sobre las protestas, pero reproducir un señalamiento no equivale a demostrar su veracidad.

CONTINUARA…

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