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miércoles, 18 de noviembre de 2026 Noticias al momento
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Disputa por el control de los penales en Puebla: denuncias de extorsión alcanzan a juez, autoridades penitenciarias y el Gobernador ya tomo postura

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Disputa por el control de los penales en Puebla: denuncias de extorsión alcanzan a juez, autoridades penitenciarias y el Gobernador ya tomo postura
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SEGUNDA PARTE

Por ejemplo, Reto Diario informó que durante las movilizaciones también se mencionó al juez Salvador Hernández Martínez y al subsecretario de Centros Penitenciarios, David Uriel Rivera. La nota documenta la existencia de los señalamientos, no acredita las conductas que se les atribuyen.

Hasta este corte informativo no se identificó una resolución judicial pública, una investigación ministerial acreditada o documentación verificable que demuestre la participación de Hernández Martínez en una red de extorsión penitenciaria.

La difusión de acusaciones graves sin elementos probatorios plantea un problema adicional: el riesgo de que las redes sociales se conviertan en instrumentos para desacreditar a funcionarios judiciales, independientemente de que existan o no investigaciones legítimas sobre su actuación.

Un juez no administra los penales

En el debate público también resulta indispensable distinguir las atribuciones del Poder Judicial de las responsabilidades de las autoridades penitenciarias.

Los jueces de oralidad penal resuelven cuestiones jurisdiccionales, como vinculaciones a proceso, medidas cautelares y otras determinaciones previstas en la legislación.

La operación cotidiana de los centros penitenciarios, el control de accesos, la vigilancia interna, la actuación de custodios y la administración de servicios corresponden a las autoridades penitenciarias.

En consecuencia, un juez penal no tiene facultades ordinarias para administrar los negocios internos de un reclusorio, dirigir al personal de custodia o autorizar cobros a personas privadas de la libertad.

 

Esto no significa que un funcionario judicial esté exento de investigaciones cuando existan indicios de conductas ilícitas. Significa que las acusaciones deben establecer qué hizo presuntamente, mediante qué actos y con qué elementos de prueba, en lugar de atribuirle responsabilidades administrativas que legalmente corresponden a otras instituciones.

Revisarán San Miguel y otros centros penitenciarios

Frente a las denuncias y las dudas sobre las movilizaciones, Alejandro Armenta anunció una revisión del funcionamiento del penal de San Miguel y otros centros penitenciarios del estado.

El gobernador informó que los trabajos se realizarán con participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y áreas federales de inteligencia.

Asimismo, anunció medidas para el traslado de dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, relacionadas con los señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas dentro del penal.

Estas decisiones representan una respuesta institucional inicial, pero no sustituyen la necesidad de investigar posibles responsabilidades de internos, funcionarios penitenciarios y cualquier otra persona involucrada.

¿Una disputa por el control de los centros penitenciarios?

Las declaraciones del gobernador fortalecen la necesidad de investigar si existieron intereses organizados detrás de los bloqueos, pero no permiten concluir que una organización criminal específica los haya financiado.

La información recibida por Encuadre Noticias plantea la hipótesis de que determinadas células delictivas podrían buscar influir en la administración de los penales y desacreditar a funcionarios que consideran contrarios a sus intereses.

En ese contexto, los señalamientos contra Salvador Hernández Martínez merecen una revisión particular: sería necesario identificar si el juzgador dictó resoluciones contra personas vinculadas con esas organizaciones, si existen antecedentes de amenazas y si las publicaciones digitales presentan patrones de coordinación.

La coincidencia temporal entre resoluciones judiciales, protestas y publicaciones en redes sociales podría justificar una investigación, pero no demuestra por sí misma que exista una campaña criminal de represalia.

También deben investigarse las denuncias sobre presuntas redes de extorsión en San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, sin asumir que las acusaciones contra internos o custodios son hechos comprobados.

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