Por Juan Manuel ZACATELCO
El Presidente Andrés Manuel, en defensa de la soberanía mexicana
CHOLULA.- Este acto del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pocos antecedentes, pues en verdad y hablando claro hemos sido “Agachones” todos los latinoamericanos ante las intervenciones y deseos mesiánicos de Estados Unidos con toda América. El que más recuerdo es la defensa del Istmo de Tehuantepec con los famosos cañonazos de Manuel Mondragón que defendió el territorio que se querían agenciar los “Gringos” tal y como lo hicieron con Panamá al separarla de Colombia por más de 100 años para usufructuar su famoso canal. Porfirio Díaz llegó a la llanura istmeña a principios de 1858 -en plena Guerra de Reforma-, Porfirio Díaz vivió dos años ejerciendo el cargo de Gobernador y Comandante Militar del Departamento de Tehuantepec. Los combates librados en esta región le permitieron adquirir la pericia militar que lo caracterizaría. Muchos soldados que conoció en sus años como Gobernador lo siguieron durante toda su carrera militar, incluyendo las grandes batallas durante la Intervención Francesa;
ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de la soberanía mexicana, sostuvo que la relación con la embajada de Estados Unidos en México se encuentra en pausa tras las declaraciones del jefe de esa misión diplomática, Ken Salazar, respecto a la reforma al Poder Judicial que se tramita en el Congreso de la Unión. La semana pasada, Salazar aseguró que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales. Ya entonces, el titular del Ejecutivo calificó el exabrupto como una burda actitud intervencionista, desafortunada e imprudente, y estimó que no se trata de una opinión personal del embajador, sino de la postura del Departamento de Estado. El diplomático respondió al mandatario y a la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante publicaciones en redes sociales, donde afirmó que su oficina se conduce con el máximo respeto a la soberanía de México, pero en ese mismo mensaje reiteró que a su gobierno le preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del gobierno de México. En resumen, Salazar se defendió de los señalamientos de intervencionismo lanzando una nueva andanada, la cual fue retomada y magnificada por un grupo de senadores estadunidenses, quienes pretendieron dictar al Ejecutivo saliente y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, qué sí y qué no debe contener la reforma judicial. La pausa diplomática es una medida correcta ante la insistencia de Washington en violentar la soberanía nacional y la insolencia contra las instituciones mexicanas desplegada por el funcionario y, sobre todo, los legisladores del país vecino. Como ya dejaron claro López Obrador y Sheinbaum Pardo, no se trata de enemistarse ni de abrir una confrontación con el país vecino del norte, sino sencillamente de que no hay nada de qué hablar, puesto que la elaboración y aprobación de las leyes que rigen en México es un asunto de exclusiva competencia interna. Por lo demás, en unos meses más las reformas constitucionales en curso serán una realidad en nuestro país y tanto en Estados Unidos como en México habrá nuevos gobiernos; en ese sentido, habrá margen para dejar atrás el desencuentro provocado por los inadmisibles posicionamientos intervencionistas. En este sentido, el amarillismo de quienes señalan una ruptura de los lazos comerciales o de una crisis generalizada en la relación bilateral se encuentra fuera de lugar y sólo puede tomarse como uno más de los intentos de la derecha política y mediática para desestabilizar al gobierno federal. Lejos de beneficiar a la causa de los integrantes del Poder Judicial que enarbolan su manida independencia como pretexto para mantener vivo el nepotismo, el tráfico de influencias y la arbitrariedad con que están acostumbrados a manejarse, quienes vociferan contra la reforma delatan cuáles son los verdaderos intereses a los que representa la judicatura. Al mismo tiempo, Salazar y los senadores de su país se evidencian como representantes no del pueblo estadunidense, sino de los agentes privados que se han beneficiado sistemáticamente de la corrupción de ministros, magistrados y jueces. No se rompen relaciones diplomáticas ni se expulsa a los embajadores considerados injerencistas, sólo se pone en pausa, respecto a éstos (Ken Salazar y Graeme C. Clark), la comunicación, el contacto (que en el caso del estadunidense era frecuente, aparentemente amistoso y con temario amplio). Dicha postura le permite cerrar a tambor batiente su periodo constitucional y ondear la bandera del nacionalismo y la soberanía, lo cual seguramente se expresará el 1º de septiembre en el acto masivo organizado para presentar el sexto y último Informe presidencial y a lo largo de ese septiembre de la patria en que la llamada Cuarta Transformación habrá de estrenar y ejercer su arrolladora mayoría calificada en el Congreso de la Unión con la aprobación de reformas constitucionales, entre ellas la causante de los diferendos diplomáticos, la judicial, y, en segundo plano pero concurrente, la de la desaparición de cuando menos siete órganos constitucionales autónomos. Y, mientras la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha dado entrada a la pretensión panista de que este órgano se pronuncie respecto a la asignación de asientos legislativos por la vía de representación plurinominal; en el fondo, respecto a la mayoría calificada, en lugar o por encima del Tribunal Electoral federal que es considerado el órgano que emite la palabra final. Esto es sólo el inicio y podremos comentar cada paso subsecuente. Nos veremos.