Por: Jorge Gómez Carranco
La aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos representa uno de los cambios más importantes que se han planteado recientemente sobre la manera en que los mexicanos realizan sus pagos y manejan su dinero, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular el 6 de octubre de 2026 con 327 votos a favor y 122 en contra, y posteriormente fue enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que todavía no debe entenderse como una ley plenamente vigente.
El objetivo declarado de esta reforma es impulsar la digitalización de la economía mexicana, disminuir gradualmente el uso del efectivo y facilitar que las personas puedan realizar pagos mediante tarjetas, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros mecanismos electrónicos, también busca que los tres órdenes de gobierno puedan recibir pagos digitales en sus trámites y servicios y que los comercios cuenten con infraestructura para aceptar estos medios, desde la perspectiva del Gobierno Federal, la medida permitiría hacer más rápidos y seguros los pagos, reducir el manejo de efectivo, combatir determinadas formas de informalidad y facilitar la incorporación de más personas al sistema financiero, la propia Presidencia ha señalado que la digitalización puede favorecer la seguridad, la eficiencia, la inclusión financiera y la formalización de los comercios.
Sin embargo, el verdadero debate no está solamente en si los pagos digitales son buenos o malos, es evidente que pagar con una tarjeta, una transferencia o un teléfono celular puede ser más rápido y cómodo que utilizar efectivo, el problema aparece cuando una herramienta que actualmente es una opción comienza a convertirse, en determinados sectores, en la única forma posible de pagar, la reforma contempla que la Secretaría de Hacienda pueda determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos sean la única forma de pago aceptada, esto significa que el efectivo no desaparecería de manera general en todo México, pero sí podría restringirse en determinadas actividades conforme se establezcan las disposiciones correspondientes.
Este punto puede afectar especialmente a ciudadanos que todavía dependen del efectivo, en México existen personas adultas mayores, trabajadores informales, pequeños comerciantes, personas que no tienen una cuenta bancaria, ciudadanos que no cuentan con un teléfono inteligente o habitantes de zonas donde la conexión a internet y los servicios bancarios todavía son deficientes, para ellos, pasar de un sistema basado en efectivo a uno predominantemente digital no necesariamente representa modernización; puede representar una nueva barrera para realizar actividades cotidianas.
También existe el problema de la dependencia tecnológica, una tarjeta puede bloquearse, un teléfono puede perderse, una aplicación puede fallar, un banco puede presentar una interrupción del servicio o puede existir una falla en la conexión a internet, la propia propuesta reconoce que pueden existir contingencias y contempla que, cuando los medios digitales no puedan utilizarse por una falla, pueda recurrirse al efectivo o al cheque, el reto será garantizar que esta protección funcione realmente y no quede únicamente en el papel.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la cantidad de información que dejan las operaciones digitales, cuando una persona paga en efectivo, la operación normalmente no queda asociada de la misma manera a una cuenta bancaria, en cambio, una transferencia, un pago con tarjeta o una operación digital genera un registro financiero, esto puede ser positivo para combatir operaciones ilícitas, mejorar la fiscalización y dar mayor seguridad en determinadas transacciones, pero también significa que la economía se vuelve mucho más trazable.
Uno de los riesgos más preocupantes para los ciudadanos es el fraude financiero, que una persona utilice una tarjeta o una aplicación no significa que esté protegida automáticamente contra cargos que no reconoce, existen casos de robo de datos, clonación de tarjetas, suplantación de identidad, phishing, aplicaciones falsas, llamadas fraudulentas y operaciones realizadas sin autorización, si una persona detecta un cargo que nunca hizo, tiene que iniciar un proceso de aclaración ante la institución financiera y, dependiendo del caso, recurrir a las autoridades correspondientes, esto puede convertirse en un problema especialmente complicado para personas mayores o para ciudadanos que no tienen conocimientos suficientes sobre banca digital.
Por ello, si el Estado pretende impulsar de manera importante los pagos electrónicos, también debe garantizar que el ciudadano tenga mecanismos rápidos, sencillos y efectivos para recuperar su dinero cuando una operación sea fraudulenta, no sería suficiente decirle a la población que debe utilizar la tecnología; también sería responsabilidad de las autoridades y de las instituciones financieras fortalecer la seguridad, proteger los datos personales, informar claramente a los usuarios y responder eficazmente ante los fraudes.
La reforma también puede tener efectos para los pequeños comercios, aunque existen sistemas que permiten recibir pagos digitales sin grandes inversiones, otros mecanismos pueden implicar equipos, conectividad, servicios financieros o costos de operación, para una gran empresa, estos gastos pueden ser absorbibles; para una pequeña tienda, un vendedor independiente o un negocio familiar, pueden representar una carga adicional, por eso la digitalización no debe construirse pensando únicamente en las grandes empresas o en quienes ya están plenamente incorporados al sistema financiero.
Desde una perspectiva crítica, el problema no es modernizar los pagos. México necesita avanzar tecnológicamente y aprovechar herramientas como SPEI, CoDi, transferencias y pagos mediante teléfonos celulares, el problema sería utilizar la modernización como argumento para reducir opciones sin garantizar primero que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones para acceder a ellas, una verdadera inclusión financiera no consiste solamente en decirle a una persona que puede pagar digitalmente; significa garantizar que tenga una cuenta, un dispositivo, conectividad, seguridad y conocimientos suficientes para hacerlo.