Mis queridas y queridos lectores durante años, los partidos que integran la llamada “4T” han hecho del discurso de género uno de sus estandartes políticos. La narrativa ha sido clara: una transformación que incluye a las mujeres, que promueve la igualdad y que celebra que México tenga, por primera vez en su historia, una mujer en la presidencia.
Sin embargo, cuando llegó el momento de respaldar una reforma impulsada precisamente por esa primera presidenta, la realidad política mostró otra cara.
La propuesta de reforma electoral planteaba cambios estructurales que tocaban intereses muy concretos: reducción de plurinominales, ajustes al presupuesto de partidos y nuevas reglas de representación política. Medidas que, en teoría, buscan adelgazar un sistema electoral costoso y cuestionado por amplios sectores de la ciudadanía.
Pero también medidas que afectan directamente a quienes viven de ese sistema.
Y ahí fue donde el entusiasmo se detuvo.
Paradójicamente, fueron diputados aliados del propio movimiento quienes votaron en contra o frenaron la reforma. No por razones ideológicas profundas ni por desacuerdos sobre la igualdad sustantiva, sino por algo mucho más simple: la defensa de espacios de poder y recursos políticos.
La contradicción es evidente.
El discurso de género funciona mientras no implique sacrificar privilegios. Se celebra a la primera presidenta, pero no necesariamente se respalda su agenda cuando toca intereses partidistas. Se habla de transformación, pero se protegen las estructuras que garantizan posiciones y financiamiento.
La política mexicana tiene una larga tradición de discursos progresistas que se quedan en la superficie. Esta votación nos recordó que, incluso dentro de los movimientos que prometen cambios profundos, las inercias del poder siguen pesando.
Porque al final, la verdadera prueba de un proyecto político no está en los slogans ni en las consignas, sino en las decisiones difíciles.
Y en esta ocasión, la reforma no cayó por falta de discurso.
Cayó por exceso de intereses.