México es, por definición demográfica y cultural, una nación sin fronteras rígidas. Con millones de connacionales viviendo en el extranjero y una vasta generación de ciudadanías binacionales, nuestra realidad es transnacional. Sin embargo, la reciente reforma constitucional que prohíbe a las personas con doble nacionalidad aspirar a la Presidencia y a las gubernaturas estatales envía un mensaje diametralmente opuesto y profundamente preocupante: existen mexicanos de primera y mexicanos bajo sospecha.
Bajo la bandera de la «soberanía» y la «lealtad institucional», esta medida legislativa resucita un nacionalismo que muchos expertos califican de anacrónico. El argumento oficial asume, de facto, que poseer un segundo pasaporte —una condición que en la gran mayoría de los casos es involuntaria, heredada por derecho de sangre o por haber nacido al otro lado de la frontera— es sinónimo de lealtad dividida. Es una presunción de culpabilidad diplomática que carece de sustento objetivo. ¿Acaso un documento de identidad extranjero borra automáticamente el compromiso político y social con México?
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la reforma representa un tropiezo monumental. El Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claros respecto a las limitaciones legítimas de los derechos políticos. Restringir el derecho a ser votado a quien ya es mexicano por nacimiento, exigiéndole renunciar a una parte de su identidad legal bajo la presunción de un conflicto de intereses, roza peligrosamente la discriminación.
Es cierto que el diseño jurídico de la reforma aprovechó el criterio de la Suprema Corte (que impone la supremacía constitucional sobre los tratados internacionales) para blindarse de los amparos. Sin embargo, la legalidad de la medida no borra su falta de legitimidad democrática. Aunque existe la «válvula de escape» de renunciar formalmente a la otra ciudadanía, el requisito en sí mismo es una barrera que estigmatiza.
El impacto más severo recae sobre la diáspora. Durante décadas, el Estado mexicano ha exigido a Estados Unidos un trato justo para los migrantes y ha celebrado las remesas como un pilar de la economía nacional. Resulta una ironía amarga que ese mismo Estado cierre ahora la puerta de la máxima representación política a la comunidad binacional.
Al final, esta reforma no protege la soberanía; simplemente achica la democracia. En un país que necesita del talento, la visión y la participación de todos sus ciudadanos sin importar las fronteras, castigar la pluralidad identitaria no es una muestra de fortaleza institucional, sino de un profundo miedo a la modernidad.