SEGUNDA PARTE
Y hay una pregunta todavía más importante: ¿qué sucede cuando una emergencia médica coincide con un bloqueo? ¿Quién asume la responsabilidad si una ambulancia no puede avanzar? ¿Quién responde por los perjuicios económicos de quienes viven de su trabajo diario?
La protesta no puede ignorar estas consecuencias.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO ES SINÓNIMO DE IMPUNIDAD
El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de asociación y reunión pacífica con cualquier objeto lícito. Por su parte, el artículo 6 protege la libertad de expresión.
Son derechos fundamentales que deben ser respetados por cualquier gobierno, independientemente de quién lo encabece o del partido político al que pertenezca.
Sin embargo, vivir en democracia también significa reconocer que los derechos individuales y colectivos deben ejercerse con responsabilidad y en armonía con los derechos de terceros.
La libertad de manifestación no desaparece porque existan inconformidades de otros ciudadanos, pero tampoco puede convertirse en un argumento para justificar actos de violencia, daños materiales o conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas.
Es necesario distinguir entre una protesta legítima y los actos que, bajo su cobertura, pudieran constituir infracciones o delitos. No todo bloqueo es automáticamente un delito, ni toda manifestación representa una amenaza; pero la destrucción de bienes y las agresiones no pueden quedar justificadas por el simple hecho de que ocurran durante una movilización.
La democracia no consiste en que un grupo imponga su voluntad sobre los demás. Consiste precisamente en que existan mecanismos para expresar desacuerdos, confrontar ideas, exigir respuestas y encontrar soluciones sin destruir la convivencia social.
¿Y LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS QUE NO SE MANIFIESTAN?
Parece que, en medio de los conflictos sociales, hay un sector que termina siendo olvidado: el ciudadano común.
El trabajador que tiene que llegar a su empleo, la madre de familia que necesita llevar a sus hijos a la escuela, el comerciante que debe abrir su establecimiento, el conductor del transporte público que depende de sus recorridos y el ciudadano que necesita acudir a una consulta médica.
Todos ellos también tienen derechos.
No se puede exigir respeto a una causa mientras se ignora el respeto que merece la población. No se puede hablar de justicia cuando se generan perjuicios a personas que no son responsables de las decisiones que originaron una inconformidad.
Tampoco es correcto que los ciudadanos tengan que aceptar como algo normal que sus calles sean bloqueadas, que los espacios públicos sean dañados o que su tranquilidad dependa de la voluntad de quienes deciden cerrar una vialidad.
La ciudad no pertenece a un grupo, a una organización, a una corriente política ni a quienes tienen mayor capacidad de movilización. Cholula pertenece a todos sus habitantes.
LAS AUTORIDADES TAMBIÉN TIENEN RESPONSABILIDAD
Frente a este escenario, el gobierno no puede limitarse a observar cómo crece el conflicto. Su obligación es escuchar, atender las causas de la inconformidad, establecer mesas de diálogo y buscar soluciones institucionales.
Pero también tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, proteger el patrimonio público, preservar la movilidad y evitar que la población quede expuesta a situaciones de riesgo.
El diálogo no significa debilidad. La tolerancia no significa ausencia de autoridad y el respeto a las libertades no debe confundirse con indiferencia frente a los daños que pueda sufrir la sociedad.
Las autoridades deben actuar con prudencia, sin caer en provocaciones, sin recurrir a la represión injustificada y sin utilizar la fuerza pública como mecanismo para silenciar las voces críticas. Pero cuando existan conductas violentas o daños a terceros, deben intervenir conforme a la ley, con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
De la misma manera, las demandas de los manifestantes deben ser atendidas con transparencia. Si existen reclamos legítimos, deben investigarse; si hay inconformidades fundadas, deben ofrecerse respuestas; y si hay responsabilidades, deben determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Lo que no puede suceder es que el conflicto se convierta en una competencia de fuerza donde la ciudadanía termine pagando las consecuencias.
CHOLULA NECESITA DIÁLOGO, NO DESTRUCCIÓN
Una comunidad con la historia, identidad y riqueza cultural de Cholula merece algo más que enfrentamientos y calles convertidas en escenarios de disputa.
Su vocación turística depende también de la tranquilidad, la movilidad, la seguridad y la confianza de quienes la visitan. Sus comerciantes necesitan condiciones para trabajar. Sus habitantes requieren servicios y espacios públicos en condiciones adecuadas.
La protesta social puede ser una herramienta poderosa para transformar realidades, visibilizar injusticias y obligar a las autoridades a corregir decisiones equivocadas. Pero cuando se pierde el sentido de responsabilidad, cuando se destruye lo que pertenece a todos y cuando se afecta deliberadamente a quienes no forman parte del conflicto, la causa corre el riesgo de perder legitimidad ante la sociedad.
No se trata de defender gobiernos ni de justificar decisiones políticas. Se trata de defender a la ciudadanía, independientemente de sus preferencias partidistas, de sus diferencias ideológicas o de sus simpatías.
Porque hoy puede ser una vialidad bloqueada por un grupo con el que no coincidimos, pero mañana puede ser una calle cerrada por una causa que tampoco compartimos. ¿Entonces quién tendrá la razón? ¿El que logre movilizar a más personas? ¿El que cause mayores daños? ¿El que consiga paralizar más actividades?
Esa no puede ser la medida de la democracia.
La razón debe sostenerse con argumentos, pruebas, demandas legítimas y mecanismos legales. La inconformidad debe tener espacios de expresión, pero también límites cuando se ponen en peligro los derechos de otras personas.
UNA REFLEXIÓN PARA TODOS
Cholula no necesita ciudadanos enfrentados entre sí. Necesita una sociedad que pueda exigir, cuestionar y protestar, pero que también entienda que la convivencia es una responsabilidad compartida.
El respeto no se exige solamente a las autoridades; también debe practicarse entre ciudadanos.
Si una protesta busca defender derechos, debe comenzar por respetar los derechos de quienes no participan en ella. Si pretende exigir justicia, no puede recurrir a la destrucción como método. Si busca ser escuchada, debe entender que el diálogo es una herramienta más poderosa y duradera que el caos.
Que quede claro: nadie debe ser perseguido por manifestarse, nadie debe ser silenciado por expresar su inconformidad y ningún gobierno debe utilizar la ley para castigar la crítica. Pero tampoco se puede permitir que la libertad de unos se convierta en el perjuicio de miles.
El derecho a manifestarse sí. El derecho a destruir, agredir y convertir a Cholula en rehén de los bloqueos, no.
La libertad de uno termina donde comienza el derecho del otro, y una sociedad que olvida este principio termina confundiendo la democracia con la imposición.
Cholula merece respeto. Sus habitantes también.