PRIMERA PARTE
Mis queridas y queridos lectores México acaba de dar un paso que puede parecer pequeño en una primera lectura, pero que podría tener consecuencias enormes para la vida cotidiana de millones de mexicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favor y 122 en contra, el dictamen que crea la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La propuesta plantea reducir gradualmente el uso de efectivo en determinados sectores, comenzando por actividades como gasolineras y casetas de peaje. El dictamen ahora continúa su proceso legislativo en el Senado.
Y aquí está el punto que debemos discutir con seriedad:
Una cosa es modernizar los pagos. Otra muy distinta es construir un país donde cada transacción económica dependa obligatoriamente de una infraestructura digital y financiera.
Porque cuando el gobierno dice “digitalización”, la pregunta ciudadana debe ser: ¿digitalización para quién, bajo qué condiciones y con qué límites?
El argumento oficial suena bien
Hay que reconocerlo: los pagos electrónicos tienen ventajas.
Son más rápidos, pueden reducir el manejo de efectivo, facilitan ciertos mecanismos de seguridad y permiten una mayor trazabilidad de las operaciones. De hecho, México ya tiene un sistema financiero digital de enorme escala: Banxico reportó más de 782 millones de operaciones SPEI solamente en junio de 2026.
Hasta ahí, todo parece lógico.
El problema comienza cuando una herramienta conveniente se convierte en una obligación.
Porque no todos los mexicanos viven la misma realidad.
Hay personas sin cuenta bancaria, pequeños comerciantes, adultos mayores, trabajadores informales y ciudadanos que dependen del efectivo para administrar su economía cotidiana.
Entonces la discusión no debería ser:
” ¿Efectivo o tecnología?”
La discusión debería ser:
” ¿Puede el Estado obligar a todos a utilizar una infraestructura financiera determinada sin garantizar primero que todos tengan acceso real, gratuito, seguro y funcional a ella?”
El riesgo no es solamente económico: es de dependencia
Imaginemos un escenario.
Una persona llega a una gasolinera y su tarjeta no funciona.
No tiene señal.
El banco bloqueó temporalmente su cuenta.
La aplicación presenta una falla.
El establecimiento tiene problemas con su terminal.
¿Puede pagar?
Si el efectivo deja de ser una alternativa válida, la respuesta podría ser no.
Y ahí aparece una palabra que debería preocuparnos mucho más:
dependencia.
No porque cada pago digital implique vigilancia automáticamente, sino porque una sociedad que depende exclusivamente de sistemas electrónicos queda expuesta a fallas técnicas, bloqueos, fraudes, interrupciones de servicios y decisiones de terceros.
La propia CONDUSEF reportó que, de las 22,199 reclamaciones recibidas hasta marzo de 2026, 37.4% estuvieron relacionadas con posibles fraudes, y señaló un aumento de intentos de fraude mediante mensajes, aplicaciones y enlaces falsos.
Por eso resulta insuficiente decir:
“No pasa nada, todo será digital.”
Sí pasa.
Y precisamente por eso la transición debe estar acompañada de garantías.
¿Y quién paga el costo?
Aquí está otro problema que Morena y sus aliados tendrán que explicar con mucha claridad.
Digitalizar cuesta.
Hay comisiones.
Hay infraestructura.
Hay terminales.
Hay cuentas bancarias.
Hay celulares.
Hay internet.
Hay sistemas de seguridad.
CONTINUARA…