La pregunta de fondo es si esa estrategia será suficiente para contrarrestar las presiones políticas que inevitablemente surgirán en los próximos años.
Porque en la política local, como bien saben los cholultecas, gobernar no sólo significa administrar un municipio. Significa también resistir las tormentas políticas que acompañan al ejercicio del poder.
Y en ese terreno, el verdadero juicio no lo dictan los adversarios políticos, sino los ciudadanos.
Finalmente, es importante destacar, que Gobernar es escuchando y no confrontando, en el debate público reciente en Puebla, uno de los temas que ha encendido la discusión política y social es el proyecto del Cablebús promovido por el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta. Más allá de la viabilidad técnica o financiera de la obra, lo que realmente ha generado tensión es la forma en la que se ha gestionado el diálogo con la ciudadanía.
Cuando un proyecto de infraestructura provoca manifestaciones, críticas o preocupaciones ambientales, la reacción natural de un gobierno democrático debería ser abrir canales de diálogo, escuchar argumentos y revisar la pertinencia social de la obra. Sin embargo, en este caso el debate ha tomado un rumbo distinto: la confrontación directa entre el poder público y sectores ciudadanos que cuestionan el proyecto.
El problema de fondo no es únicamente el Cablebús. El verdadero punto de fricción es la ausencia de consulta social previa. En cualquier política pública moderna, especialmente cuando se trata de obras que transforman el paisaje urbano, el entorno ambiental o la dinámica social de una ciudad, la participación ciudadana es un elemento indispensable para construir legitimidad.
El error de origen: no consultar
Cuando un proyecto se anuncia sin que previamente exista una consulta clara con la población, inevitablemente surgen resistencias. No porque la sociedad se oponga al desarrollo, sino porque exige transparencia, información y participación en decisiones que afectan su entorno.
En este caso, la inconformidad de colectivos ciudadanos, ambientalistas y vecinos de distintas zonas de la ciudad responde precisamente a esa ausencia inicial de diálogo. El conflicto no nació en las calles; nació en la falta de consulta.
La paradoja es evidente: en lugar de abrir espacios de escucha, el discurso oficial ha terminado por cuestionar a quienes se manifiestan.
Durante conferencias públicas, el gobernador ha solicitado a activistas y ambientalistas demostrar “huellas ambientales” o evidencias técnicas para sustentar sus críticas. El planteamiento, sin embargo, abre un debate más profundo sobre la relación entre gobierno y ciudadanía.
¿Quién debe rendir cuentas?
En una democracia, la carga de la prueba no corresponde a la ciudadanía. Corresponde al gobierno.
Los ciudadanos no son quienes deben justificar sus dudas frente a una obra pública; es la autoridad quien tiene la obligación de demostrar la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de los proyectos que impulsa.
Esa es la esencia de la rendición de cuentas. y NO tienen porque reservar información.
Eso es Corrupción y descaro de la realización de proyectos a modo y sin recato.
Por eso resulta paradójico observar cómo, en algunos momentos del debate público, el discurso oficial parece invertir los papeles: el gobierno cuestionando a los ciudadanos por expresar inquietudes legítimas.
La política, sin embargo, no debería funcionar así. Un gobernador, un presidente municipal o cualquier funcionario público es, en esencia, un servidor de la sociedad. Su legitimidad proviene del voto ciudadano, directa o indirectamente.
Pedir a los ciudadanos que “demuestren” por qué protestan puede interpretarse como una inversión peligrosa de la lógica democrática.
El tono también importa
Otro elemento que ha generado incomodidad en sectores ciudadanos es el tono del discurso político en algunas conferencias públicas. En la política contemporánea, la forma de comunicar es tan importante como el contenido del mensaje.
Cuando desde el poder se percibe ironía, burla o desdén hacia quienes critican un proyecto gubernamental, el conflicto político tiende a profundizarse.
El problema no es la crítica. En democracia, la crítica es inevitable y necesaria. El verdadero desafío está en la capacidad de los gobernantes para convivir con ella sin convertirla en una confrontación personal o política.
El desafío de la gobernabilidad
Los grandes proyectos urbanos requieren algo más que presupuesto y planeación técnica. Necesitan legitimidad social.
Esa legitimidad se construye escuchando a la población, integrando opiniones diversas y permitiendo que especialistas independientes evalúen los impactos de las obras públicas.
Cuando un proyecto se percibe como impuesto, incluso si técnicamente es viable, puede enfrentar resistencias que terminan debilitando su ejecución y su aceptación social.
Por ello, más que insistir en la confrontación con activistas o ciudadanos inconformes, el gobierno estatal podría encontrar una oportunidad política en abrir el debate.
Escuchar no significa renunciar a un proyecto. Significa fortalecerlo.
La política pública del siglo XXI
Hoy los gobiernos que logran consolidar proyectos de infraestructura exitosos son aquellos que incorporan tres elementos fundamentales:
Consulta ciudadana previa
Transparencia en los estudios técnicos y ambientales
Espacios reales de diálogo con especialistas y comunidades
Sin estos elementos, cualquier proyecto corre el riesgo de nacer con un déficit de legitimidad.
El debate sobre el Cablebús en Puebla no debería convertirse en una batalla entre gobierno y ciudadanía. Ese sería el peor escenario para todos.
La función de un gobierno democrático no es confrontar a quienes cuestionan sus decisiones, sino demostrar que sus proyectos tienen sustento técnico, respaldo social y beneficio público.
Si algo necesita hoy la política poblana es menos confrontación y más escucha.
Porque gobernar no significa imponer proyectos desde el poder, sino construirlos junto con la sociedad para que tengan validez social, legitimidad política y, finalmente, legalidad para ejecutarse.
¿Hasta cuándo?
Posdata:
¿El helicóptero del Gobernador contamina, segunda llamada?