En México, el nepotismo no es una percepción aislada: es una práctica documentada. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 80% de la población considera frecuentes los actos de corrupción en el gobierno, y dentro de ellos, la asignación de cargos a familiares aparece como una de las conductas más señaladas en encuestas de percepción institucional.
Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en diversos congresos estatales se han detectado redes familiares directas en nóminas públicas: esposas, hermanos, primos e incluso hijos de legisladores ocupando cargos administrativos. En algunos estados, hasta 1 de cada 5 funcionarios de ciertas dependencias tiene vínculos familiares con altos mandos.
El problema no distingue partidos. Investigaciones de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado casos en municipios y gobiernos estatales donde familiares de alcaldes o gobernadores aparecen contratados durante el mismo periodo de gestión.
Aunque la Constitución y leyes secundarias prohíben el uso indebido del cargo para beneficio personal, las lagunas normativas permiten que el nepotismo opere bajo esquemas de “contratación indirecta” o triangulación administrativa.
El costo es doble: erosiona la confianza pública y afecta la eficiencia del Estado. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, la corrupción le cuesta a los hogares mexicanos miles de millones de pesos anuales en trámites y pagos indebidos.
El nepotismo no siempre deja huella penal, pero sí deja huella política. En un país donde la meritocracia aún compite contra el parentesco, la transparencia no es solo un discurso: es una deuda pendiente.