Puebla volvió a colocarse en el centro de la conversación pública por un caso que, más allá del impacto inmediato, deja al descubierto una herida más profunda: la fragilidad de la confianza social y el desgaste de los mecanismos institucionales frente a la violencia y la desaparición de personas.
El caso de Lydia Valdivia, quien fue reportada como desaparecida bajo la versión de un presunto embarazo y una situación de riesgo, movilizó a autoridades, colectivos, medios de comunicación y ciudadanía. Horas de cobertura, activación de protocolos, exigencias legítimas de búsqueda y una narrativa que apelaba a la indignación social. Todo ello se vino abajo cuando se confirmó que la desaparición había sido fingida.
El hecho no es menor. Fingir una desaparición en un país donde miles de personas siguen sin ser localizadas no es solo una falta individual; es un golpe directo a un sistema ya rebasado y a familias que viven la tragedia real de no saber dónde están los suyos.
La crítica no debe centrarse únicamente en la persona involucrada, sino en un fenómeno más amplio. ¿Cómo se construyen las narrativas públicas? ¿Qué papel juegan los familiares al sostener versiones no verificadas? ¿Dónde quedan los filtros institucionales y mediáticos cuando la presión social exige respuestas inmediatas?
En Puebla, como en gran parte del país, la desconfianza hacia las autoridades ha generado que cualquier denuncia se asuma automáticamente como verdad absoluta. Esa reacción es comprensible en un contexto de impunidad, pero también peligrosa. La ausencia de verificación, el juicio inmediato en redes sociales y la viralización de información incompleta terminan debilitando causas legítimas, como la lucha contra la violencia de género y las desapariciones reales.
Este caso deja un daño colateral grave: la erosión de la credibilidad. Cada denuncia falsa, cada simulación, alimenta el escepticismo que luego enfrentan las verdaderas víctimas. Las mujeres que sí desaparecen, las familias que sí buscan, los colectivos que sí arriesgan todo, cargan ahora con un nuevo obstáculo: la duda.
También es momento de exigir responsabilidad a los medios de comunicación. Informar no es amplificar versiones sin contrastar. El periodismo tiene la obligación ética de contextualizar, confirmar y advertir cuando la información es preliminar. La prisa por el clic no puede estar por encima del daño social que se provoca.
El caso Lydia Valdivia no debe usarse para desacreditar las denuncias de mujeres ni para justificar la inacción del Estado. Pero tampoco puede minimizarse como un simple error. Es un llamado de atención urgente sobre cómo la mentira, en contextos de violencia estructural, también mata: mata confianza, mata empatía y debilita luchas colectivas.
Puebla no necesita más escándalos pasajeros. Necesita instituciones sólidas, medios responsables y una ciudadanía crítica que entienda que la verdad, incluso cuando incomoda, es el único camino para no seguir perdiendo lo poco que queda de credibilidad pública.