El amanecer del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión dramático en la historia reciente de Venezuela. En una operación militar sin precedentes desde la Guerra Fría en América Latina, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una incursión con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro, acusado por Washington de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. La tensión desbordó Caracas con detonaciones y presencia militar internacional, mientras la Casa Blanca justificaba su actuación en nombre de la seguridad hemisférica y la lucha contra redes criminales.
Esta operación se produce tras años de presión económica, sanciones y bloqueo naval impuestos por Estados Unidos sobre los sectores petrolero, financiero y político de Venezuela, una medida que —según diversas fuentes— ha sido un factor clave en la debacle económica que atraviesa el país. Desde 2013, y particularmente después de 2017, la economía venezolana sufrió un desplome de más del 80 % del Producto Interno Bruto, con un estancamiento que dejó a gran parte de la población en condiciones de pobreza extrema —aproximadamente el 73 % según encuestas de universidades locales— y una estimación de casi 8 millones de personas requiriendo asistencia humanitaria en 2025.
La importancia de Venezuela para Estados Unidos no es únicamente política: posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, aunque la producción se redujo a niveles mínimos en años recientes debido a sanciones, falta de inversión y problemas de infraestructura. El gobierno norteamericano ha intensificado su estrategia no solo mediante sanciones económicas —que han afectado sustancialmente los ingresos del Estado venezolano— sino también con la incautación de buques petroleros en el Caribe, reduciendo aún más la capacidad de exportación de crudo venezolano.
La reacción en América Latina y el mundo ha sido variada y polarizada. Gobiernos como los de Brasil y México han condenado públicamente las acciones estadounidenses, llamando al respeto del derecho internacional y a soluciones multilaterales para la crisis. Organizaciones de derechos humanos han señalado posibles violaciones a la soberanía nacional, y el propio contexto regional vive un clima de nerviosismo ante la posibilidad de que esta intervención marque un precedente para otros países en tensión con Washington.
Dentro de Venezuela, la situación es igualmente compleja: mientras el salvamento de Maduro plantea un nuevo interregno político con Delcy Rodríguez asumiendo una presidencia interina, también se han iniciado liberaciones de presos políticos en un gesto que algunos ven como señal de apertura, aunque persisten profundas dudas sobre la veracidad y extensión de estos cambios.Los números reflejan la magnitud del desafío. Venezuela, con una población de unos 26,7 millones de habitantes, enfrenta tasas de pobreza por encima del 70 %, y millones de migrantes y refugiados venezolanos se encuentran dispersos por América Latina y el Caribe ante la falta de oportunidades en casa. La caída de la producción petrolera durante años redujo drásticamente los ingresos del Estado, exacerbando déficits en servicios básicos, salud y educación.
El conflicto entre Caracas y Washington encarna así una encrucijada de intereses geopolíticos, económicos y humanitarios. Para algunos analistas, la intervención estadounidense busca frenar el supuesto apoyo estatal al narcotráfico y restablecer el orden democrático; para otros, representa un intento de controlar recursos estratégicos y reconfigurar el equilibrio de poder regional. En medio de estas narrativas contrapuestas, la población venezolana —ya golpeada por años de crisis— queda atrapada en un tablero donde cada jugada internacional tiene consecuencias profundas para su futuro inmediato.