Mis queridas y queridos lectores la reciente captura de Nicolás Maduro ha marcado un hito en la historia política de América Latina. Tras más de una década en el poder y una tercera “reaparición” controversial como mandatario, el régimen venezolano llegó a su momento más tenso y cuestionado.
Para quienes abrazamos la situación en Venezuela no es solo un asunto geopolítico lejano: es un espejo que nos obliga a reafirmar lo que creemos sobre democracia, estado de derecho y derechos humanos. En México y en el continente entero, lo que vive Venezuela es, antes que nada, un grito de millones de ciudadanos que han visto cómo su voz fue anulada.
Renuncio a la ilegitimidad de las elecciones que sostuvieron a Maduro en el poder y exijo respeto a la voluntad popular, sin maquillajes electorales ni trampas institucionales. La ausencia de transparencia en los procesos electorales, el hostigamiento a la oposición y la represión de manifestantes no son simples “errores de gobierno”; son cancelaciones sistemáticas de la democracia que han empujado a millones de venezolanos al exilio y sumido al país en pobreza extrema.
Algunos critican la intervención internacional como una violación a la soberanía. Es un debate legítimo, pero no podemos perder de vista que la soberanía de un pueblo no puede ser coartada por quienes secuestran las instituciones en su propio beneficio. No se trata de justificar actos unilaterales —la diplomacia debe privilegiar siempre la legalidad—, sino de entender que la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales es un deber moral de toda nación que cree en la justicia.
También hemos señalado que no basta con el fin de un régimen autoritario: hace falta una transición pacífica hacia elecciones libres, con observación internacional y garantías reales para quienes piensan distinto. Esto es el llamado a la liberación de presos políticos y a la reconstrucción de las instituciones venezolanas, porque la verdad y la justicia no se construyen desde la revancha, sino desde la reparación y el respeto a los derechos de todos.
Desde mi perspectiva el caso de Maduro es una lección para América Latina: cuando se erosionan las libertades básicas —como la libertad de expresión, de asociación y de voto— la democracia deja de ser una aspiración y se vuelve una necesidad urgente. Nuestra postura no es de injerencia malsana, sino de solidaridad con quienes luchan por su dignidad humana y por futuros políticos más libres y prósperos.