Mis queridas y queridos lectores hay demasiada controversia acerca de la nueva ley que esta a punto de entrar en vigor en la cual se tipifica como delito y sancionado con hasta 3 años de cárcel «ciberasedio», en un México donde la violencia digital crece a la par del uso de redes sociales, resulta necesario legislar para proteger a quienes son víctimas de acoso, hostigamiento o amenazas por medios digitales. La nueva ley contra el ciberasedio representa un avance importante en el reconocimiento de esta forma de violencia, que afecta especialmente a mujeres, jóvenes, activistas y periodistas. Sin embargo, no podemos dejar de hacer una reflexión crítica: ¿cómo lograr una legislación eficaz que castigue al agresor sin abrir la puerta al autoritarismo digital?
Creo en un Estado de derecho que defienda las libertades individuales. Por ello, celebramos que se busque frenar el acoso en línea, pero también exigimos que cualquier ley en esta materia esté claramente definida, no ambigua, y cuente con salvaguardas que impidan que se use como herramienta de censura o persecución política.
El ciberasedio debe entenderse no como una simple diferencia de opinión, sino como un patrón de agresión sistemática y dirigida. El reto está en trazar con precisión esa línea, para que no se criminalice la crítica, la sátira o el activismo digital. Hemos sido testigos de cómo algunos gobiernos usan leyes de “discursos de odio” o “fake news” como excusa para silenciar voces opositoras. No podemos permitir que la protección de las víctimas sirva como escudo para el autoritarismo.
La violencia digital es real. Y reconozco la urgencia de atenderla con firmeza y perspectiva de género, sin caer en excesos legislativos que afecten la libertad de expresión o generen incertidumbre jurídica. Propongo, por ejemplo, fortalecer las unidades especializadas en delitos cibernéticos, invertir en educación digital, y garantizar acceso a la justicia con enfoque en derechos humanos.
Legislar con visión humanista implica encontrar el equilibrio entre libertad y responsabilidad. Esa es la ruta que proponemos: proteger sin censurar, prevenir sin perseguir y construir un entorno digital más seguro, justo y libre para todas y todos.