Por: Gemma Gracián
Mis queridas y queridos lectores siempre he tratado de ser objetiva y siempre tratando de ver que es lo que nos beneficia como ciudadanos sin un color, pero últimamente he tenido que criticar fuertemente lo que esta está en juego en nuestro país, es claro que en lo personal me gusta la propuesta más allá de fijarme en lo que otros hacen pero hace falta mucha información y es mi deber también alzar la voz de lo que esta sucediendo.
En un país con profundas desigualdades como México, los programas sociales son una herramienta indispensable para combatir la pobreza y promover la equidad. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una transformación institucional encabezada por Morena, que ha priorizado el control político y la centralización sobre la transparencia, la evidencia y la evaluación técnica. El caso más reciente: la desaparición del CONEVAL y el anuncio de nuevos programas como el de vivienda popular con entrega directa de casas, sin claridad en sus reglas de operación ni mecanismos de medición y su consecuencias.
Morena y el cambio de paradigma: ¿asistencia o justicia social?
Desde 2018, el gobierno federal ha apostado por una política social sustentada en transferencias directas. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o la Pensión para Adultos Mayores se han implementado con un enfoque asistencialista que busca llegar «sin intermediarios», a través de depósitos bancarios, sin filtros técnicos ni evaluación estructurada.
A esta lógica se suma ahora el nuevo programa de vivienda popular, impulsado por el presidente y respaldado por Morena, cuyo objetivo es entregar casas terminadas a familias en situación vulnerable, particularmente en zonas marginadas. Aunque la intención parece loable, el programa nace sin reglas claras, sin padrones públicos y sin estudios técnicos de impacto habitacional o económico, lo que recuerda viejas prácticas de clientelismo político bajo una narrativa de justicia social.
¿Qué pasará sin CONEVAL?
La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), consumada con mayoría legislativa de Morena, representa un golpe directo a la posibilidad de medir con rigor la eficacia de estos programas. El CONEVAL era el único organismo con la capacidad legal, metodológica e independiente para decir, con datos, si la pobreza disminuye o no.
Ahora, sin ese contrapeso técnico, los resultados quedarán a merced de la narrativa oficial. ¿Cuántas personas salieron efectivamente de la pobreza gracias al nuevo programa de vivienda? ¿Cómo se eligieron a los beneficiarios? ¿Qué impacto tendrá esto en la calidad de vida a largo plazo? Ya no hay quien lo mida.
La trampa de la política sin evidencia
Morena ha sostenido que “el pueblo es sabio” y que los programas sociales se validan en el contacto directo con la ciudadanía. Pero sin transparencia ni datos, estos programas corren el riesgo de ser usados como instrumentos electorales. El nuevo programa de vivienda podría convertirse en un gran recurso de propaganda, sin posibilidad de auditoría ni evaluación independiente.
Aunado a ello, el nuevo modelo de política social no contempla derechos progresivos ni sostenibilidad estructural. No hay articulación con políticas de desarrollo urbano, infraestructura o generación de empleo. Se entregan casas, pero sin garantizar servicios públicos, transporte o acceso a educación. No hay una estrategia integral, sino medidas fragmentadas que buscan impacto mediático más que transformación profunda.
La desaparición de los contrapesos
Eliminar el CONEVAL es parte de una ofensiva mayor: Morena ha impulsado la desaparición de diversos organismos autónomos bajo el argumento de austeridad. Pero más allá del discurso, la verdadera motivación parece ser política: eliminar la crítica técnica y consolidar un control centralizado del poder y la información.
En este contexto, los programas sociales ya no se diseñan para generar movilidad social, sino para fortalecer lealtades. Se reparte, pero no se transforma. Se entrega, pero no se evalúa.
La política social mexicana está entrando en una etapa crítica: sin órganos de evaluación, sin transparencia y con un modelo vertical centrado en la entrega directa de recursos, el riesgo de retroceso es real. El nuevo programa de vivienda, como otros antes, puede convertirse en un paliativo temporal más que en una solución de fondo si no se sujeta a criterios técnicos, medición de impacto y rendición de cuentas.
Sin el CONEVAL, México pierde una brújula. Y sin brújula, incluso las mejores intenciones pueden extraviarse en el camino del populismo.