¿Reforma Judicial o Ataque a la Democracia?
Mtro. Gerardo GALICIA
CHOLULA.- El 4 de septiembre de 2024 será recordado como el día en que la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma judicial que ha sido descrita tanto como «el cambio más radical en la historia del Poder Judicial» como «un ataque frontal a la independencia democrática». Con 359 votos a favor y 135 en contra, esta propuesta que busca someter a todos los jueces a elecciones populares, ha encendido el debate político y social en el país.
La sesión legislativa estuvo marcada por la tensión, no solo por la naturaleza del tema, sino también por el escenario en el que se desarrolló: un gimnasio, convertido en el salón del Congreso luego de que manifestantes bloquearan el acceso al edificio principal. Las protestas en las calles reflejaron el descontento que la reforma ha generado en diversos sectores, desde jueces hasta estudiantes, quienes ven en esta propuesta un intento de someter el Poder Judicial al control del partido gobernante, Morena.
El argumento oficial, en palabras de los legisladores morenistas, es claro: el sistema judicial mexicano está corrupto y necesita ser democratizado. Según su lógica, la elección de los jueces por voto popular es la vía para devolver el poder al pueblo y purgar un sistema que ha sido acusado de ser opaco y cómplice de la impunidad. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió con fuerza la propuesta, asegurando que fortalecerá el Estado de Derecho y la democracia.
Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. La reforma ha sido calificada como una amenaza a los pesos y contrapesos que definen una democracia funcional. Para los críticos, entre ellos los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y otras voces dentro del Poder Judicial, la posibilidad de que jueces sean elegidos mediante voto popular abriría la puerta a la injerencia de grupos criminales y pondría en jaque la independencia judicial. Javier Reyes, un trabajador del Poder Judicial, lo expresó con crudeza: «Quieren ser los nuevos dueños de México».
El debate sobre la independencia de los jueces no es nuevo en México, pero la escala y profundidad de esta reforma han llevado la discusión a un punto de inflexión. Bajo el sistema actual, los jueces ascienden en función de sus méritos y experiencia. El nuevo modelo permitiría que cualquier abogado con una mínima cualificación se postulara para un cargo judicial, lo que, según los críticos, podría resultar en un retroceso a décadas de corrupción y opacidad.
El impacto de esta reforma va más allá de las fronteras de México. Desde Washington, el embajador Ken Salazar expresó «muchísima preocupación», advirtiendo sobre las repercusiones que esta medida podría tener en la relación bilateral y en la inversión extranjera. López Obrador respondió a estos comentarios «pausando» las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, lo que añade una dimensión internacional a una controversia ya de por sí explosiva.
A pesar de las protestas y la resistencia, el panorama es incierto. El Senado parece ser el siguiente campo de batalla, y aunque Morena está cerca de asegurar la aprobación, el resultado está lejos de estar garantizado. Si la reforma es finalmente aprobada, la cuestión no será solo si mejora o empeora el sistema judicial, sino si pone en riesgo el delicado equilibrio democrático que ha costado tanto construir.
La historia aún no está escrita, pero lo que es innegable es que México se encuentra en un momento decisivo. La promesa de la Cuarta Transformación choca frontalmente con los ideales democráticos de independencia judicial. Y al final, solo el tiempo dirá si esta reforma será recordada como un paso hacia la justicia o un capítulo oscuro en la historia política del país.