Por: Jorge GÓMEZ CARRANCO
CHOLULA.- La última puntada de López Obrador es la Militarización a las calles cubriendo tareas de seguridad pública, y lo único que obtendrá como resultado es agudizar el desastre de los derechos humanos. Mientras por el otro lado se pretende limitar la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles, dicha propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil. La postura pública de esta organización internacional de derechos humanos se produce mientras el presidente promueve un cambio a las leyes mexicanas que facultarían a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de Seguridad Pública a largo plazo.
Siempre en los pasados años la jurisdicción militar, a pesar de una reforma que prohíbe su uso para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles, ha permitido a los soldados esquivar la justicia en estos casos.
Ahora bien, el organismo global también alertó que López Obrador tendría amplias facultades para desplegar militares en tareas de seguridad pública, lo que contraviene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tema de la violencia ha sido cada día en aumento, la seguridad publica en los últimos 16 años no ha logrado reducir estos índices y ha dado lugar a graves abusos de los derechos humanos, ya que es un esquema para determinar el cumplimiento teleológico del País, para todos es sabido que la seguridad pública es uno de los desafíos constantes que el Estado Mexicano se encuentra obligado a satisfacer, imponiendo el deber de elaborar estrategias pertinentes para el combate de la violencia en el país, causando desconfianza hacia los demás y hacia las instituciones por el aumento de actos ilícitos.
Hoy en día creo suponer que el menos dañado por la corrupción es el ejército mexicano y la marina, ellos aún conservan la insignia de respeto, honorabilidad y seguridad, el destinarlos a las calles perderán esos valores y serán exactamente igual que una política, ratero, un tránsito corrupto, un guardia nacional agresivo entre otras expresiones despectivas, que se han venido ganando por la percepción de la ciudadanía de acuerdo a su actuar. Hoy en la cámara de senadores están a tiempo de no aprobar la militarización y deberían rechazar la propuesta. Digan no a la Consulta Popular, pues queda claro que a la ciudadanía entre más pan y circo son felicites, solo les recuerdo que al inicio de su periodo presidencial AMLO estaba en contra de la militarización y hoy ¿qué sucedió?… Nada sólo que el señor Presidente no tiene congruencia.