Por Edmundo TLACUILO ALMAZÁN
CHOLULA.- Con el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T), en México se está volviendo una práctica común difundir a través de sospechas, filtraciones o declaraciones de funcionarios públicos a los medios de comunicación entre ellos el propio Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), o del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFIF), el bloqueo de cuentas bancarias, elementos probatorios que forman parte de investigaciones, judiciales en curso (como videos o declaraciones imputadas) para exhibir o señalar a estos públicamente, sin la previa declaratoria de una autoridad judicial competente, esto es, contrario a lo que parece, una práctica inconstitucional, pues contradice dos principios de nuestro estado de derecho: El debido proceso y la presunción de inocencia.
Eso es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el desempeño de sus funciones cualquier autoridad sea civil, penal, administrativa, fiscal etc., etc., tiene que respetar el debido proceso de los imputados, para no afectar su libertad, bienes, obligaciones y derechos individuales. El debido proceso implica notificar al imputado el inicio del procedimiento con las formalidades establecidas en la ley; darle oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que funda su defensa; permitirle alegar lo que a su derecho conviene y garantizarle una resolución que dirima las cuestiones debatidas y prueba ser impugnada, cuando una autoridad, directa o indirectamente difunde a través de los medios de comunicación una acusación o investigación no cumple ni de lejos las formalidades esenciales de una notificación, como lo exige el debido proceso, y al mismo tiempo violenta la ley no respetar su derecho a la presunción de inocencia, que exige que sea tratado en público o en privado como inocente en tanto no exista una sentencia firme que determine lo contrario. Cuando las propias autoridades son las que informan a los medios de comunicación que se investigan a tal o cual persona crean un juicio paralelo donde el imputado es “sentenciado” ante la opinión pública, faltando con ello al trasto de inocente al que todo ciudadano tiene derecho, y se convierte en las primeras en violar las leyes, y en fomentar los linchamientos mediáticos, ¿Qué debemos hacer los mexicanos ante este tipo de atropellos? Obviamente no apoyaremos ningún género de actitudes irresponsables e inconstitucionales de las autoridades provenientes del gobierno actual, sino que debemos exigir el respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de la personas que hoy están siendo perjudicadas por este. Es urgente y necesario hacerlo porque, de lo contrario, todos los mexicanos estaremos expuestos a sufrir arbitrariedades iguales o peores a las que aquí comentamos.
Benévolo lector, algunos versos de Enrique González Martínez. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de abril de 1871 y murió en la ciudad de México el 19 de febrero de 1952. Hizo estudios de médico cirujano y desempeñó su profesión, colaboró en El Imparcial, fundó la revista Argos y junto con Ramón López Velarde y Efrén Rebolledo, dirigió la revista Pegaso.
Mañana Los Poetas
Mañana los poetas cantarán en divino
verso que no logramos entornar los de hoy;
nuevas constelaciones darán otro destino
a sus almas inquietas con un nuevo temblor.
Mañana los poetas seguirán su camino
absortos en ignota y extraña floración,
y al oír nuestro canto, con desdén repentino
echarán a los vientos nuestra vieja ilusión.
Y todo será inútil, y todo será en vano;
será el afán de siempre y el idéntico arcano
y la misma tiniebla dentro del corazón.
Y ante la eterna sombra que surge y se retira,
recogerán del polvo la abandonada lira
y cantarán con ella nuestra misma canción.