San Miguel: ¿Quién gobierna las cárceles de Puebla, el Estado o los grupos criminales?


PRIMERA PARTE
Hay una pregunta que las autoridades de Puebla deberían responder con absoluta claridad: ¿Quién tiene realmente el control del penal de San Miguel? Cuando familiares de personas privadas de la libertad denuncian extorsiones de hasta 300 mil pesos, cobros por protección, venta de drogas y teléfonos, y presuntas disputas entre grupos delictivos, el problema no puede reducirse a incidentes administrativos. Se trata de la posible existencia de negocios criminales dentro de instalaciones que deberían estar bajo vigilancia estricta del Estado.
Las recientes movilizaciones del 10 de noviembre de 2026 reabrieron una discusión que lleva años: ¿Qué sucede dentro de las prisiones para que las denuncias sean tan graves y reiteradas?
San Miguel: un penal bajo sospecha
Familiares de internos bloquearon ocho puntos viales de Puebla para denunciar presuntas extorsiones. Los manifestantes hablaron de exigencias económicas de entre 20 mil y 300 mil pesos y pidieron la destitución del director Jorge Ortiz Delgadillo. Reportajes de El Financiero y El Sol de Puebla recogieron testimonios sobre cobros semanales de hasta 8 mil pesos, pagos para salir de áreas de castigo y presunta comercialización de artículos prohibidos.
Son testimonios y denuncias periodísticas, no sentencias judiciales. Sin embargo, la reiteración exige investigaciones verificables. Una sentencia puede privar de libertad a una persona; no autoriza a terceros a convertir su reclusión en un negocio.
¿Disputas entre grupos criminales?
Información publicada por El Sol de Puebla, atribuida a fuentes policiales y de inteligencia, señaló una posible participación de integrantes de Los Toscano en la organización de bloqueos, en un contexto de presunta disputa con La Familia Michoacana por actividades ilícitas dentro del penal. La Jornada recogió, por separado, señalamientos de familiares contra internos presuntamente vinculados con Los Rojos. Ninguna de estas versiones debe confundirse con una responsabilidad penal acreditada.
Pero las preguntas son inevitables: ¿existen estructuras criminales que controlan áreas del penal? ¿Quién administra los cobros ilegales? ¿Cómo ingresan objetos prohibidos? ¿Se utilizan depósitos de familiares para recibir dinero? ¿Existen complicidades entre servidores públicos? Si se confirmara una operación criminal organizada dentro de San Miguel, hablaríamos de una falla grave de gobernabilidad penitenciaria.
Los números que incomodan
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH asignó a Puebla una calificación de 5.10 sobre 10, inferior al 5.83 de 2024. San Miguel obtuvo 5.31; Acatlán de Osorio, 3.42, y Huejotzingo, 3.84. Estas cifras evalúan distintas condiciones de internamiento, integridad, gobernabilidad y reinserción; no prueban por sí mismas delitos concretos.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 del INEGI encontró que 51.5% de las personas recluidas en Puebla reportó haber sido víctima de algún delito dentro del establecimiento durante el periodo estudiado, frente a 34.9% a nivel nacional. Entre las víctimas poblanas, 20.8% reportó extorsión y 19.7% lesiones físicas. Son datos de 2021, no una medición actual de noviembre de 2026, pero muestran antecedentes importantes.
En el primer semestre de 2026 se registraron 210 quejas relacionadas con centros penitenciarios ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, de las cuales 95 correspondieron a San Miguel: aproximadamente 45.2%. Una queja no prueba automáticamente una violación, pero su concentración exige seguimiento público.
CONTINUARA…
