SEGUNDA PARTE
Y ahí tenemos un problema de política pública.
En Puebla capital tampoco podemos ignorarlo
La situación de la capital poblana merece una observación particular.
Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral de la ciudad de Puebla alcanzó 53.2%.
Más de la mitad de su población ocupada.
Además, la ocupación en el sector informal fue de 30.4%.
Son indicadores distintos: el primero comprende diversas modalidades de informalidad laboral y el segundo se concentra en unidades económicas del sector informal.
La diferencia es importante para evitar conclusiones equivocadas.
Sin embargo, ambos indicadores reflejan un desafío para la economía urbana.
Comercio, servicios, pequeños negocios y actividades por cuenta propia requieren políticas que faciliten la formalización sin destruir fuentes de ingreso.
Porque combatir la evasión fiscal no significa perseguir indiscriminadamente a quienes trabajan en condiciones precarias.
Significa identificar incumplimientos concretos, simplificar obligaciones y actuar contra quienes deliberadamente utilizan mecanismos ilegales para evitar el pago de impuestos.
La evasión no solamente ocurre en pequeños negocios
Existe una idea que también debemos cuestionar.
Cuando se habla de evasión fiscal, frecuentemente pensamos en el comerciante que no entrega una factura o en el negocio que opera sin registrarse.
Pero los riesgos de incumplimiento también existen en operaciones empresariales complejas.
El propio SAT ha publicado estudios sectoriales sobre evasión y elusión en construcción, servicios inmobiliarios, manufactura, servicios profesionales, comercio de vehículos y otros sectores.
Esto demuestra que la discusión no puede limitarse al comercio popular.
Hay mecanismos de incumplimiento que requieren conocimientos contables, estructuras empresariales y operaciones sofisticadas.
Entre ellos pueden encontrarse la simulación de facturas, la omisión deliberada de ingresos y la utilización de operaciones inexistentes.
No toda planeación fiscal constituye evasión.
Aprovechar una deducción legal tampoco es un delito.
Pero simular operaciones para reducir artificialmente impuestos sí puede generar responsabilidades administrativas y penales.
La justicia tributaria exige aplicar la ley tanto al pequeño contribuyente como a las grandes estructuras empresariales, sin privilegios ni persecuciones arbitrarias.
¿Y qué responsabilidad tienen los gobiernos?
Aquí aparece otra contradicción.
Los gobiernos exigen que los ciudadanos paguen sus impuestos, pero también deben demostrar que administran adecuadamente esos recursos.
El cumplimiento fiscal no puede separarse de la transparencia presupuestaria.
Si el Estado exige más contribuciones, debe ofrecer claridad sobre su destino.
Si combate la evasión, también debe combatir la corrupción en las compras públicas.
Si fiscaliza a las empresas, debe revisar con el mismo rigor el ejercicio del gasto gubernamental.
Porque el pacto fiscal implica responsabilidades de ambas partes.
Los ciudadanos deben cumplir las obligaciones que establece la ley.
Y los gobiernos deben administrar los recursos con legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Cobrar correctamente los impuestos es indispensable. Gastarlos correctamente también.
Puebla necesita formalización, no solamente más inspecciones
En Puebla, el desafío no debería limitarse a incrementar auditorías o exigir nuevos registros.
También es necesario preguntarse por qué tantas actividades económicas permanecen en condiciones de informalidad.
¿Cuánto cuesta formalizar un pequeño negocio?
¿Cuántos trámites debe realizar?
¿Qué obligaciones laborales y fiscales enfrenta?
¿Tiene acceso a financiamiento?
¿Puede utilizar herramientas digitales para cumplir?
¿Recibe información clara sobre sus obligaciones?
¿Encuentra beneficios concretos al incorporarse a la formalidad?
Una estrategia seria requiere simplificación administrativa, asesoría, digitalización, seguridad jurídica y mecanismos de transición para pequeñas unidades económicas.
También requiere vigilancia contra empresas que incumplen obligaciones laborales o fiscales para obtener ventajas competitivas.
Porque la formalidad no debería convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagar contadores, abogados y asesores especializados.
El problema de fondo es la justicia fiscal
México necesita recaudar.
Pero necesita hacerlo de manera justa.
La evasión fiscal deliberada debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.
Las empresas cumplidas necesitan certidumbre.
Los pequeños negocios necesitan reglas comprensibles.
Los trabajadores necesitan protección social.
Y los ciudadanos necesitan saber qué ocurre con los impuestos que pagan.
Los números son reveladores.
México recaudó casi tres billones de pesos durante el primer semestre de 2026.
Pero su recaudación tributaria, medida como proporción del PIB en 2024, seguía por debajo del promedio latinoamericano.
El SAT incrementó sus actos de fiscalización durante el primer semestre de 2026, mientras disminuyó la recuperación promedio por acto respecto de los máximos recientes.
Y Puebla registró una informalidad laboral de 70.3%.
Estos indicadores no miden exactamente el mismo fenómeno ni permiten calcular una cifra única de evasión fiscal.
Pero, considerados en conjunto, muestran la necesidad de fortalecer el cumplimiento tributario, ampliar la formalización económica y evaluar los resultados de la fiscalización.
Por eso la discusión no debería reducirse a cuánto dinero consigue cobrar el SAT.
También debemos preguntar:
¿Quién está cumpliendo, quién está incumpliendo y qué está haciendo el Estado para que las reglas sean justas para todos?
Porque una sociedad no puede construir finanzas públicas sólidas cuando el cumplimiento de las obligaciones depende de quién puede ser fiscalizado y quién consigue permanecer fuera del alcance de la autoridad.
Y tampoco puede construir confianza cuando los ciudadanos desconocen si sus contribuciones se transforman efectivamente en mejores servicios públicos.
La evasión fiscal deliberada no es una simple estrategia para ahorrar dinero.
Es un incumplimiento que puede afectar a toda la sociedad.
México necesita cobrar lo que legalmente corresponde, proteger a quienes cumplen y demostrar que cada peso recaudado se administra con responsabilidad.
Porque la verdadera justicia fiscal no consiste solamente en recaudar más.
Consiste en que nadie esté por encima de sus obligaciones y que ningún gobierno esté por encima de la rendición de cuentas.