En los escritorios refrigerados del Senado de la República y de la Secretaría de Hacienda, el futuro ya llegó.
Con la reciente aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el Estado mexicano se ha propuesto una meta tan ambiciosa como desconectada de la calle: sustituir gradualmente el dinero físico por códigos QR, tecnología NFC y transferencias electrónicas, otorgando a Hacienda la facultad de decidir en qué sectores el efectivo quedará, simple y llanamente, prohibido.
El discurso oficial suena impecable. Se nos habla de inclusión financiera, de combatir la corrupción y de emular a las grandes economías de vanguardia. Sin embargo, detrás de esta fachada de modernidad subyace un error de diagnóstico profundo: la inclusión financiera no se construye por decreto, y mucho menos sobre los hombros de una infraestructura deficiente.
Para defender la medida, sus promotores suelen mirar hacia el extranjero. Es cierto que en Suecia y Noruega más del 90% de las transacciones se realizan de forma digital, que Dinamarca avanza hacia el retiro del efectivo en comercios, o que gigantes asiáticos como Corea del Sur y China operan ecosistemas cotidianos basados casi por completo en billeteras móviles y códigos QR. Incluso en mercados emergentes como Brasil (con Pix) o Kenia (con M-Pesa), la digitalización ha sido un éxito rotundo.
Pero comparar a México con Escandinavia o con las metrópolis asiáticas es ignorar lo evidente. Esos países no eliminaron el efectivo por mandato gubernamental para luego ver cómo se adaptaba la gente; primero garantizaron conectividad universal de alta velocidad, redes eléctricas ininterrumpidas, educación digital masiva y una bancarización casi total. Incluso en Suecia, el propio banco central ha tenido que dar marcha atrás en ciertos aspectos, advirtiendo que eliminar por completo el billete físico vulnera a los adultos mayores, a las zonas rurales y a toda la población en caso de un ciberataque o apagón.
En México pretendemos empezar a construir la casa por el tejado. ¿Con qué infraestructura pensamos sostener una economía obligatoriamente digital? Hablamos de un país donde millones de personas en zonas rurales y semiurbanas carecen de señal celular estable, donde los apagones eléctricos son recurrentes en temporadas de calor y donde las propias aplicaciones de los bancos colapsan cada quincena. Aunque la ley contempla «excepciones temporales por contingencia», la intermitencia tecnológica en gran parte del territorio nacional no es una contingencia: es la norma.
El verdadero daño colateral de esta legislación tiene nombre y apellido: el pequeño comerciante. En una economía donde más de la mitad de la población ocupada sobrevive en la informalidad o en el microcomercio de subsistencia, el efectivo no es un capricho ni una herramienta criminal; es liquidez inmediata y gratuita.
Aunque el gobierno promete que plataformas como CoDi y SPEI no cobrarán comisiones —olvidando que CoDi lleva años intentando despegar sin éxito real en los barrios—, la operación digital sí tiene costos ocultos que alguien debe pagar. Para la dueña de la miscelánea, el locatario del mercado, el mecánico o el productor agrícola, verse forzados a entrar al carrusel electrónico significa contratar planes de datos móviles permanentes, adquirir teléfonos inteligentes compatibles o rentar terminales punto de venta que cobran entre el 1.5% y el 4.5% de comisión por cada cobro con tarjeta.
A esto se suma el terror fiscal. Con una autoridad tributaria cada vez más agresiva, para millones de pequeños negocios que operan al día con márgenes de ganancia mínimos, bancarizar el 100% de sus ingresos sin un régimen de transición amigable equivale a ponerse una soga al cuello frente al SAT y a contratar, por obligación, los servicios de un contador que no pueden costear.
Y aquí es donde el problema del pequeño comerciante se convierte en el problema de todos. La economía es una cadena de transmisión directa: si al tendero, al panadero o al transportista le cuesta más caro cobrar —ya sea por comisiones bancarias, pago de internet, gestoría contable o retenciones fiscales—, ese costo no desaparece por arte de magia. Se traslada íntegro al precio final del consumidor.
Aquellos microcomercios que no puedan absorber la brecha tecnológica o el costo administrativo simplemente cerrarán, reduciendo la competencia y dejando el terreno libre a las grandes cadenas comerciales y corporativos, los únicos con la espalda financiera para absorber el golpe sin parpadear.El resultado para el ciudadano de a pie será una vida más cara, menos opciones de compra en su colonia y una pérdida real de libertad sobre su propio dinero.
Digitalizar la economía es deseable cuando es una opción que facilita la vida, no cuando es una imposición que castiga la falta de recursos.Mientras México no garantice internet gratuito y estable en cada rincón del país, terminales sin costo y un sistema fiscal que no trate al microempresario como sospechoso, forzar el retiro del efectivo no será un salto al primer mundo, sino un impuesto silencioso contra los que menos tienen.