El uso abusivo del color partidista en los ayuntamientos responde a una lógica de propaganda permanente. Cada fuerza política busca imprimir su sello distintivo a costa del erario público: los alcaldes emanados de MORENA tapizan las ciudades con el tono guinda, buscando proyectar sobriedad nacionalista pero logrando una homogeneización partidista del paisaje; los munícipes del PAN convierten el espacio público en un catálogo de azules, asociando la gestión urbana con su identidad conservadora; los gobiernos de Movimiento Ciudadano inundan las calles de naranja en un afán por transmitir juventud y ruptura; mientras que los del PRI o del PVEM apelan al verde o a combinaciones tricolores para evocar institucionalidad o ecologismo. Este comportamiento genera consecuencias graves que trascienden lo meramente estético y afectan de manera directa la calidad de la gestión pública y la vida ciudadana: Despilfarro sistemático del presupuesto municipal: Cada tres años, millones de pesos que deberían destinarse a la reparación de baches, la mejora del alumbrado público o la seguridad comunitaria se desvían para repintar la infraestructura existente. Borrar la identidad gráfica de la administración saliente e imponer la propia implica un gasto recurrente e injustificado en pintura, rotulación, papelería y uniformes.
Patrimonio histórico y urbano desvirtuado: En el afán de apropiación territorial, los gobiernos locales suelen ignorar normativas de urbanismo y conservación patrimonial. Edificios con valor histórico, fachadas de cantera y espacios arquitectónicos emblemáticos son cubiertos con capas de pintura vinílica en tonos chillones, erosionando la identidad cultural y la memoria colectiva del municipio.
Partidización de los servicios e instituciones públicas: Los servicios públicos —la policía, la recolección de basura, los centros de salud locales— pertenecen a toda la ciudadanía, independientemente de sus simpatías políticas. Al rotular las patrullas o el equipamiento urbano con los colores de un partido, se envía un mensaje excluyente: el Estado deja de verse como una entidad neutral para percibirse como la propiedad privada de la facción política en el poder. Contaminación visual y fatiga ciudadana: La saturación de un mismo color en la vía pública genera una sobrecarga sensorial que degrada el entorno urbano. Lejos de generar simpatía, esta sobreexposición a la marca partidista suele provocar rechazo, cinismo y apatía en una ciudadanía consciente de que el gasto en pintura no resuelve las carencias de fondo. Ante este problema, resulta indispensable avanzar hacia leyes de Imagen Institucional Neutral a nivel estatal y municipal. Regular la identidad gráfica para que los gobiernos utilicen paletas neutras (como blanco, gris o tonos propios de la geografía y cultura local) y proscribir el uso de colores partidistas en la infraestructura pública es un paso urgente. El color en la administración pública debe estar al servicio de la orientación, la seguridad y la estética urbana, no del ego ni de la estrategia electoral del alcalde en turno. Superar la «política de la pintura» permitirá que los presidentes municipales sean evaluados por la trascendencia de sus obras y la eficacia de sus servicios, y no por la agresividad con la que logren teñir el espacio de todos. Hoy en San Pedro Cholula sufrimos de al abuso de letreros, bardas desmedida promoción de políticos y oportunistas, vástagos que piensan que el poder se hereda, que piensan que los cholultecas no los merecemos, que en un mero oportunismo político con una actitud mesiánica piensan que Cholula los necesita. Lo único malo con todo esto es que el presupuesto se maneja al color del político en turno, pobre Cholula tan lejos de Dios y tan cerca de las elecciones.
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