En México llevamos décadas escuchando la misma promesa: ahora sí vamos a acabar con la corrupción.
Cambian presidentes, gobernadores, alcaldes, partidos, instituciones y discursos. Sin embargo, los datos más recientes publicados en 2026 muestran que el problema continúa.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional en febrero de 2026, otorgó a México apenas 27 puntos de 100 posibles y lo colocó en el lugar 141 de 182 países evaluados**.
Podríamos argumentar que se trata solamente de percepción.
Pero INEGI aporta datos todavía más preocupantes.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicada este año, señala que 84.1% de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción.
Y no solamente hablamos de percepción.
INEGI estimó 15 mil 642 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público, frente a 13 mil 966 en la medición anterior.
Además, se registraron 27 mil 438 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
La corrupción también cuesta.
INEGI calculó un impacto económico de aproximadamente 17 mil 707 millones de pesos, con un promedio cercano a 3 mil 865 pesos por víctima.
Para una familia mexicana eso no es una estadística.
Son alimentos, medicamentos, transporte o varios días de salario.
La autoridad que debería protegernos
Uno de los datos más preocupantes aparece en seguridad pública.
El 63.5% de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública reportó alguna experiencia de corrupción, convirtiendo esa interacción en una de las de mayor incidencia.
Y ahí tenemos un problema mucho más profundo que la famosa “mordida”.
Cuando un ciudadano piensa que una infracción puede negociarse con dinero, pierde confianza en la autoridad.
Y cuando el propio servidor público participa en esa negociación, quien pierde autoridad moral es el Estado.
Puebla tampoco puede presumir
En Puebla, INEGI estimó 15 mil 185 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes** durante 2025, frente a 11 mil 897 en 2023. Aunque INEGI advierte que esa diferencia no resultó estadísticamente significativa, la magnitud del problema merece atención.
Además, una encuesta del Sistema Estatal Anticorrupción encontró que 6.2% de los participantes reconoció haber pagado algún soborno** para agilizar un trámite, evitar una multa u obtener algún servicio.
Los incidentes de tránsito aparecieron entre los principales escenarios.
Y precisamente ahí es donde la corrupción se vuelve cotidiana.
La mordida.
El permiso.
La multa.
La “ayuda”.
El conocido.
La famosa “palanca”.
¿Y los municipios?
Los ayuntamientos merecen especial atención porque constituyen el gobierno con el que el ciudadano tiene contacto directo.
Licencias, permisos, obra pública, seguridad, tránsito, mercados, servicios y compras gubernamentales pasan por ellos.
Durante 2026 se han conocido observaciones de fiscalización relacionadas con distintos municipios poblanos, entre ellos Puebla capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Atlixco y Amozoc.
Debe hacerse una precisión fundamental:
Una observación de auditoría no significa automáticamente corrupción.
Puede tratarse de errores administrativos o documentación pendiente.
Pero cuando existen millones de pesos por aclarar, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntar:
¿Dónde está el dinero y cómo se gastó?
El problema también se llama impunidad
México no necesita otra campaña publicitaria contra la corrupción.
Necesita resultados.
Un funcionario corrupto no le teme a un espectacular que diga “cero corrupción”.
Debería temer perder el cargo, devolver el dinero, quedar inhabilitado y, cuando haya cometido un delito, enfrentar a la justicia.
Porque detectar irregularidades sin consecuencias solamente produce expedientes.
Y la impunidad produce más corrupción.
También los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad. Hay corrupción porque alguien pide dinero, pero también porque alguien acepta entregarlo para evitar una multa, acelerar un trámite o conseguir una ventaja.
Sin embargo, el servidor público tiene una responsabilidad superior: administra dinero y autoridad que pertenecen a todos.
La corrupción no tiene partido
Quizá uno de nuestros mayores problemas sea que hemos convertido la corrupción en un arma electoral.
Cuando roba el adversario, exigimos cárcel.
Cuando el señalado pertenece a nuestro partido, pedimos “esperar”, hablamos de persecución o buscamos justificaciones.
Así nunca funcionará ningún sistema anticorrupción.
La verdadera prueba llegará cuando Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier fuerza política estén dispuestos a investigar con el mismo rigor al adversario y al compañero.
Los datos publicados en 2026 nos dicen que todavía estamos lejos de ganar esta batalla.
México permanece con 27 puntos de 100** en el índice internacional; más de 84% percibe corrupción frecuente, y las experiencias directas continúan afectando a miles de ciudadanos.
Entonces quizá deberíamos dejar de preguntarnos qué gobierno promete combatir mejor la corrupción.
La pregunta debería ser otra:
¿Quién está dispuesto realmente a castigarla, incluso cuando el corrupto pertenece a los suyos?
Porque la corrupción no tiene partido.
Pero la impunidad casi siempre necesita poder.