Por: Angélica Carranco Tejeda
A casi un año de que ha tomado protesta el Tribunal del Bienestar, el famoso cambio prometido no ha llegado. Es decir, no se ha avanzado en el tema de la resolución de asuntos, la austeridad está por los suelos, pues todos sus integrantes cuentan -por mucho- con más asesores que la última presidenta de este Tribunal; han regresado a “los privilegios” que tenían los ministros anteriores alegando que se tratan de “derechos laborales”.
El Observatorio de la Justicia (organismo creado por el Tecnológico de Monterrey para evaluar el impacto de la reforma al Sistema Judicial en México) ha señalado que la resolución de asuntos ha disminuido hasta en casi un cincuenta por ciento en comparación con el periodo 2024-2025 -en el que se dictó resolución a dos mil setecientos sesenta y siete asuntos- y en mucho mayor porcentaje en relación con 2023-2024, pues mientras en ese año (que abarca del 1º de septiembre al 10 de julio) la Corte resolvía alrededor de tres mil trescientos doce asuntos, en lo que va del lapso 2025-2026 sólo han dictado resolución en mil trescientos cincuenta y ocho asuntos, es decir, se ha puesto solución final a casi dos mil asuntos menos que hace dos años y unos mil cuatrocientos menos que hace un año.
Luego entonces, ¿en dónde ha quedado la tan prometida efectividad de la reforma judicial?
Se promocionó enfatizando en que “se acabaría con la corrupción” (otra vez), que sería una manera de “solucionar el retraso de los asuntos”, pues esta nueva Corte resolvería de manera más rápida y eficaz éstos. Y, lo más importante para el gobierno actual, llevaría por bandera la “austeridad republicana”, pues todos los ministros anteriores habían caído en “excesos” y “despilfarraban” el dinero sin razón.
Sin embargo, esta parte fue la que menos se cumplió desde el inicio, pues el propio presidente de la Corte fue el primero en “desordenar” todo, al contar con registros en nómina de entre 97 y 102 personas de apoyo, secretarios y personal operativo; pues mientras su antecesora sólo empleaba para este mismo fin entre 6 a 8 personas, el nuevo titular excedía las 60 plazas que originalmente había tenido asignadas.
A pesar de que Lenia Batres insistía en señalar que la exministra Norma Piña había tenido hasta 150 asesores, la realidad es que en este número estaba incluyendo a personal técnico y de estudio de sentencias y no a asesores propiamente dichos. Por lo tanto, efectivamente nuestro actual titular del Poder Judicial Federal es el que mayor cantidad de asesores ha tenido a lo largo de la historia de la Corte, lo que se apreció el día que grabaron a uno de estos “asesores” limpiándole los zapatos previo a su entrada al recinto.
Ahora, van a recuperar el seguro de gastos médicos con que contaban anteriormente varios funcionarios pertenecientes a la estructura de este Tribunal, situación que originalmente no podría ser considerada según lo habían vociferado los defensores de esta reforma. También hay que recordar que en enero de este año tuvieron que devolver unos vehículos de un precio considerable, pero que ya se habían asignado.
Entonces, era mentira que esta “nueva” Corte traería mejoría en la administración de la justicia, pues la que hoy escribe siempre criticó esta reforma al tratarse de una solución de “forma” y nunca de “fondo”, creían que con cambiar la estructura de la Suprema Corte los asuntos fluirían y la corrupción se acabaría. En realidad, para terminar con el rezago era necesario aumentar la planilla de Jueces, Secretarios, Magistrados y demás funcionarios encargados de resolver asuntos, pero, contrario a ello, determinaron desaparecer las Salas de la Corte y, ahora, solamente con el Pleno pretenden erradicar el atraso. Un asunto que generalmente se hubiera resuelto en seis meses, actualmente tienes que esperar dos años para que se dicte tu resolución, luego entonces, ¿cuáles beneficios ha traído su famosa reforma? La que, además, carece de legitimación al haber tenido una participación ciudadana de entre el 12% y 13% (INE).
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