Por Jorge Gómez Carranco
La inseguridad que viven actualmente muchas comunidades se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias, en las juntas auxiliares, el robo de autopartes, los asaltos, el vandalismo, el robo a casa habitación y otros hechos delictivos generan temor y una sensación de abandono cuando la capacidad de respuesta de las autoridades de seguridad pública resulta insuficiente para atender de manera inmediata todas las necesidades de la población, ante esta situación, algunos ciudadanos han comenzado a organizarse de manera voluntaria para realizar labores de vigilancia en sus propias comunidades, son vecinos que no reciben un sueldo ni buscan obtener un beneficio económico; lo hacen porque desean recuperar la tranquilidad de sus calles, proteger a sus familias y cuidar el patrimonio de quienes viven en su junta auxiliar, esta participación ciudadana debe ser entendida como una señal clara de que existe una necesidad de seguridad que requiere ser atendida.
Cuando un ciudadano decide dedicar parte de su tiempo para vigilar su comunidad, el mensaje es evidente: la población quiere colaborar, pero también está exigiendo resultados, el gobierno municipal no puede ignorar esta realidad, la seguridad pública es una responsabilidad de las instituciones y no puede trasladarse a los ciudadanos, sin embargo, tampoco puede desaprovecharse la disposición de una comunidad que está dispuesta a participar de manera voluntaria para prevenir delitos, la figura de los guardias ciudadanos puede representar una alternativa de prevención y vigilancia comunitaria, siempre que exista coordinación con las autoridades y reglas claras de actuación, su función no debe ser sustituir a la Policía Municipal, perseguir delincuentes o hacer justicia por propia mano, deben ser ciudadanos organizados que observen, prevengan, informen y comuniquen oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.
El verdadero cuestionamiento debe dirigirse hacia la capacidad del gobierno para atender esta demanda, si el municipio no cuenta con suficientes elementos, patrullas o recursos para cubrir adecuadamente todas las juntas auxiliares, es necesario buscar soluciones, se requiere fortalecer las corporaciones policiales, mejorar los tiempos de respuesta, aumentar la presencia preventiva y utilizar de manera eficiente los recursos disponibles.
También es necesario reconocer que la inseguridad no se combate únicamente con policías. Existen factores que favorecen la delincuencia, como calles sin iluminación, terrenos abandonados, espacios públicos deteriorados y zonas con poca vigilancia, por ello, la seguridad debe abordarse de manera integral, involucrando a las áreas de seguridad pública, servicios públicos, alumbrado, obras, protección civil y a las propias autoridades auxiliares, la participación de los vecinos puede contribuir significativamente a identificar los puntos de mayor riesgo, ellos conocen sus calles, saben dónde ocurren con mayor frecuencia los robos y pueden advertir sobre situaciones que requieren atención. Esta información puede ayudar a las autoridades a establecer estrategias específicas de vigilancia y prevención.
No obstante, es fundamental proteger también a quienes participan como guardias ciudadanos. Ningún vecino debe exponerse a enfrentamientos con personas armadas o grupos delictivos, por ello, cualquier esquema de vigilancia comunitaria debe contemplar capacitación básica, protocolos de actuación y comunicación directa con las autoridades de seguridad, el ciudadano debe saber que su función es reportar y prevenir, mientras que la intervención policial corresponde a los cuerpos legalmente facultados.
La mayor preocupación surge cuando una comunidad pierde la confianza en sus autoridades y comienza a considerar que debe resolver por sí misma los problemas de inseguridad, esta situación puede generar riesgos mayores, como confrontaciones, agresiones o acciones fuera de la ley, por eso, la organización ciudadana debe ser acompañada por las instituciones y convertirse en un mecanismo de colaboración, no en una sustitución de la autoridad.
El gobierno municipal tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias, si la población está dispuesta a colaborar sin recibir una remuneración, aportando únicamente su tiempo y esfuerzo por el bienestar de su comunidad, las autoridades deben escuchar esa disposición y aprovecharla de manera responsable. La pregunta fundamental es: ¿qué está haciendo el gobierno para responder a esta necesidad de seguridad? No basta con reaccionar cuando ocurre un delito, se requieren acciones permanentes para disminuir los índices de robo, vandalismo, asaltos y demás conductas que afectan a las familias, se necesita mayor prevención, presencia territorial, coordinación con las juntas auxiliares y mecanismos efectivos para recibir y atender los reportes ciudadanos; los guardias ciudadanos pueden convertirse en aliados de la autoridad si existe voluntad para establecer un modelo organizado, transparente y coordinado, no se trata de que los ciudadanos hagan el trabajo que corresponde a la Policía Municipal, sino de aprovechar la participación social para fortalecer la prevención.
Una comunidad organizada no debe ser vista como una amenaza para el gobierno, por el contrario, debe ser entendida como una llamada de atención y una oportunidad para recuperar la confianza de la población, si los vecinos están dispuestos a trabajar gratuitamente por la tranquilidad de su comunidad, corresponde al gobierno aportar capacitación, coordinación, recursos y capacidad de respuesta. La inseguridad no puede resolverse dejando solos a los ciudadanos, pero tampoco ignorando su voluntad de participar, la solución debe construirse entre gobierno y sociedad, respetando siempre la ley y los derechos humanos, el ciudadano no debe convertirse en policía, pero sí puede ser un aliado fundamental para prevenir y reportar situaciones de riesgo.
Las juntas auxiliares necesitan sentirse protegidas y escuchadas, si la inseguridad está rebasando la capacidad de respuesta de las autoridades, la solución debe ser fortalecer las instituciones y, al mismo tiempo, crear mecanismos responsables de participación ciudadana, el objetivo final debe ser uno solo: que las familias puedan volver a caminar por sus calles con tranquilidad, proteger su patrimonio y recuperar la confianza en sus autoridades.