La opinión pública padece de una miopía crónica: solo sabe ver en blanco y negro. En la era de la viralidad instantánea y los juicios sumarios en redes sociales, la complejidad de la realidad se reduce a un burdo tablero de buenos contra malos. El reciente y polémico caso de la detención de una mujer que conducía en presunto estado de ebriedad junto a sus hijos en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula es el reflejo perfecto de esta patología colectiva. Un escenario donde los sesgos anulan la objetividad y donde la sed de venganza, disfrazada de indignación, termina por rebasar a la justicia.
Por un lado, un sector de la sociedad, movido por el legítimo repudio a la irresponsabilidad, exigía poco menos que el linchamiento público de la madre. Por el otro, al difundirse el angustiante video de los menores, la balanza se inclinó hacia la condena absoluta de los elementos policiales, tachándolos de monstruos uniformados.
Ambos bandos operan bajo el mismo error cognitivo: creer que una verdad cancela a la otra.
La realidad, siempre más terca que los dogmas de internet, nos presenta dos verdades paralelas e incómodas que coexisten sin anularse.
La primera: la conducta de la madre es indefendible y criminal; conducir con un tercer grado de alcoholemia, invadir zonas restringidas y poner en riesgo la vida de sus propios hijos ameritaba, sin discusión, una detención firme y legal.
La segunda: la aparente falta de pericia, templanza y apego a los protocolos de derechos humanos por parte de los policías al contener la situación frente a menores de edad debe ser sancionada.
Sin embargo, a la masa no le interesan las dos verdades; le interesa la catarsis. Vivimos en una sociedad tan lastimada por la impunidad que ha confundido la justicia con la venganza. Cuando la opinión pública se sesga, no busca que la ley se aplique con rigor y debido proceso; busca ver sangre, busca el castigo ejemplar, el linchamiento del personaje en turno para saciar su propia frustración.
Si el acusado «nos cae mal» o cometió una falta aberrante, parece que estamos dispuestos a aplaudir que la autoridad violente los derechos más elementales, olvidando que el día que justificamos el abuso policial en nombre de una «buena causa», cavamos nuestra propia tumba ciudadana.
La justicia penal no es un partido de fútbol donde se elige un bando. El actuar torpe o excesivo de la policía no le quita un solo gramo de culpa a la irresponsabilidad de la madre; y la gravedad de la falta de la mujer no le daba «carta blanca» a los oficiales para arrastrar los protocolos de protección a la infancia.
Mientras la opinión pública siga alimentándose de sesgos y prefiera el linchamiento mediático por encima del análisis institucional, seguiremos atrapados en la barbarie del ojo por ojo.
La Fiscalía General del Estado tiene hoy la tarea de demostrar que las instituciones están por encima de la hoguera digital: sancionando a la ciudadana por su flagrante delito.
Solo así, desmantelando los sesgos de la masa, se puede empezar a construir una justicia real, y no una simple simulación para aplacar la sed del coliseo virtual.