Mis queridas y queridos lectores durante años, el gobierno de Morena ha vendido la narrativa de que los programas sociales son sinónimo de justicia social. Han construido una maquinaria política basada en transferencias económicas disfrazadas de bienestar, mientras el país enfrenta problemas estructurales cada vez más graves: inseguridad desbordada, crecimiento económico mediocre, debilitamiento institucional y una preocupante polarización social.
Los apoyos sociales, en esencia, no son negativos. Ninguna nación moderna puede ignorar a los sectores más vulnerables. El problema aparece cuando estos programas dejan de ser herramientas para reducir desigualdades y se convierten en instrumentos de control político.
Hoy millones de mexicanos reciben apoyos sin que exista una estrategia real para generar movilidad social. No hay un plan sólido para sacar a las personas de la dependencia económica hacia la autonomía. En vez de invertir agresivamente en educación de calidad, capacitación laboral, innovación, emprendimiento y formalización económica, se ha optado por la ruta fácil: entregar dinero y capitalizar electoralmente el agradecimiento.
Esto genera un círculo perverso. El ciudadano deja de ver al Estado como facilitador de oportunidades y comienza a percibirlo como proveedor permanente. La política pública se reduce a la transferencia, no a la transformación.
Mientras tanto, el país paga el costo.
La inversión privada enfrenta incertidumbre constante por mensajes hostiles hacia empresarios y reglas cambiantes. Se cancelan proyectos estratégicos por razones ideológicas, se centralizan decisiones y se debilitan contrapesos institucionales que antes brindaban estabilidad. El resultado es claro: menor confianza, menor crecimiento y menos empleo formal.
México no está oficialmente en quiebra, pero sí enfrenta señales alarmantes. La deuda pública continúa creciendo, las finanzas públicas dependen cada vez más de ingresos presionados y megaproyectos altamente cuestionados consumen recursos millonarios sin garantías claras de rentabilidad social o económica.
A esto se suma una narrativa política basada en dividir al país entre “pueblo bueno” y “enemigos del cambio”. Se ha reemplazado el debate técnico por propaganda emocional. Cualquier crítica es etiquetada como traición o elitismo.
Lo más preocupante es que se ha normalizado la idea de que gobernar consiste en repartir, no en construir.
México necesita una visión distinta: una economía fuerte, instituciones sólidas, seguridad jurídica, inversión productiva y políticas sociales inteligentes que impulsen independencia, no subordinación.
La verdadera justicia social no consiste en administrar pobreza con transferencias temporales. Consiste en crear condiciones para que cada ciudadano pueda prosperar sin depender de favores políticos.
El país merece más que discursos, polarización y clientelismo electoral. Merece futuro.