SEGUNDA PARTE
El objetivo final resulta cada vez más evidente: utilizar cargos, discursos y reflectores para buscar una futura candidatura a la presidencia municipal o, en su defecto, asegurar una delegación de Bienestar en la región Cholula. Desde ahí, hoy se aplauden y defienden las inconsistencias del gobierno federal y estatal que, en otros tiempos, eran duramente criticadas por los mismos personajes. La memoria selectiva se ha convertido en doctrina.
San Andrés Cholula no merece ser rehén de disputas personales ni de proyectos políticos fallidos. Merece autoridades que gestionen, no que estorben; representantes que construyan, no que dividan; y actores políticos con coherencia, no con discursos acomodaticios. El progreso no se frena por accidente: se frena cuando el poder se ejerce con rencor, cuando el presupuesto se usa como castigo y cuando la política se reduce a un negocio personal.
¿San Andrés Cholula rehén de la mezquindad política?
Cuando un gobierno estatal decide frenar el desarrollo de un municipio, no estamos ante un error administrativo ni ante una diferencia técnica: estamos frente a una decisión política deliberada. En el caso de San Andrés Cholula, el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta ha optado por obstaculizar el progreso, no por falta de recursos ni de planeación, sino por una mezquindad que castiga al pueblo cuando los intereses personales y de grupo no se alinean con el control político que se pretende imponer.
Ya se dijo, negar presupuesto, retrasar autorizaciones y poner obstáculos a proyectos de infraestructura no afecta a un nombre ni a un cargo: afecta directamente a las familias sanandreseñas que requieren calles dignas, servicios públicos eficientes y obras que mejoren su calidad de vida. Convertir el presupuesto en un arma de presión política es una de las formas más bajas de ejercer el poder.
En este escenario de confrontación inducida, resulta lamentable el papel de ciertos actores que han decidido fungir como operadores políticos del conflicto. La regidora impuesta al equipo del excandidato a la presidencia municipal, Isabel Fernández, ha optado por una narrativa que raya en el cinismo: defender lo indefendible y criminalizar la gestión pública. Acusar a Guadalupe Cuautle Torres de “campaña anticipada” por solicitar presupuesto para obras públicas no solo es jurídicamente endeble, sino políticamente perverso.
Gestionar recursos es una obligación constitucional de cualquier autoridad municipal. Solicitar presupuesto para obras no es un acto proselitista, es una responsabilidad de gobierno. Pretender convertir la gestión en delito revela una intención clara: deslegitimar, polarizar y confrontar, aun a costa del desarrollo del municipio. Es una estrategia diseñada para fabricar aspiraciones ajenas y generar conflictos artificiales que sirvan de pretexto al gobierno estatal para justificar su cerrazón.
Esta narrativa no surge de la casualidad, sino de una alineación cómoda con el poder estatal. Se busca sacar raja política, construir discursos a modo y posicionarse como oposición interna, aunque ello implique mentir, tergiversar y dividir a la comunidad. El resultado es un desgaste institucional innecesario que solo beneficia a quienes viven del conflicto.
y hay que ser reiterativo, a este discurso se suma Raymundo Cuautli, quien insiste en afirmar que “no hay trabajo y sí hay gasto público”, cuando los hechos lo desmienten de manera contundente. En cabildo ha avalado presupuestos, aprobado proyectos y respaldado decisiones financieras del municipio. La incongruencia es evidente y documentable señalan y ciudadanos: se aprueba lo que después se critica, se vota a favor de lo que luego se condena en medios y redes sociales.
Más preocupante aún es el uso del parentesco político como plataforma de simulación. Es pariente de la presidenta. Mientras se afirma que no hay resultados, se presume una supuesta labor internacional que poco o nada tiene que ver con las verdaderas necesidades de San Andrés Cholula. Pregonar en el extranjero una pirámide que localmente carece de atención básica resulta ofensivo para una comunidad que exige hechos, no postales turísticas.
El colmo del oportunismo se materializa en la promoción de un libro que no aporta ideas nuevas, que recicla contenidos de administraciones pasadas y que ni siquiera fue escrito por quien lo presume. El plagio político y la apropiación del trabajo ajeno se han convertido en herramientas para fabricar una imagen que no corresponde con la realidad del desempeño público.
En materia de migración, el discurso es igualmente pobre. Las acciones son mínimas, desarticuladas y carentes de impacto real. Lejos de representar una política pública sólida, el área se ha convertido en un escaparate personal que exhibe falta de capacidad, de estrategia y de compromiso genuino con la comunidad migrante. Todo indica que el verdadero interés no es servir, sino posicionarse.
El objetivo final resulta cada vez más evidente: utilizar cargos, discursos y reflectores para buscar una futura candidatura a la presidencia municipal o, en su defecto, asegurar una delegación de Bienestar en la región Cholula. Desde ahí, hoy se aplauden y defienden las inconsistencias del gobierno federal y estatal que, en otros tiempos, eran duramente criticadas por los mismos personajes. La memoria selectiva se ha convertido en doctrina.
San Andrés Cholula no merece ser rehén de disputas personales ni de proyectos políticos fallidos. Merece autoridades que gestionen, no que estorben; representantes que construyan, no que dividan; y actores políticos con coherencia, no con discursos acomodaticios. El progreso no se frena por accidente: se frena cuando el poder se ejerce con rencor, cuando el presupuesto se usa como castigo y cuando la política se reduce a un negocio personal.
La ciudadanía observa, analiza y juzga. Y tarde o temprano, la factura política de la simulación y la mezquindad siempre llega.
Y sé redice, en San Andrés Cholula tiene el gobernador aliados, no focas ni aduladores.
Y es cuando…